Galán: “Hacienda es el principal beneficiado de los altos precios de la luz”

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dicho este viernes que “el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual con un elevado precio del CO2, es la Hacienda Pública”. De hecho, según los expertos consultados por LA RAZÓN, la factura final podría rebajarse hasta un 13%con una reducción del IVA en función del consumo eléctrico, como acaba de acometer Portugal, y modificando a la baja la fiscalidad eléctrica, muy superior a la del resto de Europa.

En su discurso a los accionistas en la junta que la compañía celebra por segundo año consecutivo por vía telemática por la pandemia, Galán ha señalado que la Hacienda Pública “recibe, no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2 que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”.

El Estado obtiene ingresos por las electricidad a través de diferentes vías: el IVA del 21 % que se aplica en el recibo, el impuesto eléctrico del 5,1% que va en la factura, el impuesto al valor de la producción eléctrica del 7% que pagan las compañías generadoras de electricidad y las subastas de derechos de emisiones de CO2. Por eso, Galán ha expresado su satisfacción ante la posible reducción de los impuestos, cargos y tasas anunciada por el Gobierno “que ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios”.

La subida de los precios de la luz en el mercado mayorista, que afecta a un 24% del recibo de los consumidores con tarifa regulada o PVPC, eleva la recaudación para las arcas públicas al aplicarse esos porcentajes impositivos (IVA, impuesto eléctrico, impuesto al valor de la producción eléctrica) sobre el coste de la energía

De hecho, según ha recordado la compañía, unos 20 millones de clientes no se ven impactados al tener contratada su electricidad en el mercado libre a precio fijo con duración de 1 año o superior y que representan el 90% de la energía consumida.

El incremento de precios afecta entonces al 10% de la energía consumida, a los pequeños consumidores que están en PVPC (tarifa fijada por defecto por Ley) y que suponen 11 millones de clientes.

España es el único país en el que los precios para los hogares (PVPC) están sujetos al comportamiento de las subidas y bajadas del precio de la luz del mercado horario. Los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal o Reino Unido) tienen precios fijos de mercado para periodos de entre 3 meses y 1 año utilizando una cesta de mercado de futuros (forwards)

Además, el Estado es el que recauda los ingresos obtenidos por las subastas de emisiones de CO2, cuya subida reportará un mayor importe a las arcas públicas. De acuerdo con estimaciones del sector, en 2021 el Estado ingresaría unos 9.000 millones de euros en razón de todos esos conceptos, lo que supondría unos 2.700 millones más que en 2020, si bien hay que tener en cuenta que el año pasado estuvo marcado por la pandemia y los derechos de CO2 costaban la mitad.

Por todo ello, el patrón de Iberdrola se ha mostrado crítico con el anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno para reducir los beneficios que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras al cobrar en el mercado el mismo precio por su electricidad que las que sí que efectivamente incorporan los costes de los derechos de emisiones de CO2, cuyo precio se ha disparado este año.

El presidente de Iberdrola ha dicho que ese anteproyecto “introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras” y ha añadido que la compañía espera que el texto presentado “sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable”.

Ha apuntado que “son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad pero, sin duda, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos”. Ese 60% del recibo final.

También ha dicho que “es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores” y ha asegurado a los accionistas que, aunque Iberdrola tendrá una actitud dialogante ante las reformas que anuncia el Gobierno, también mantendrá su compromiso con la defensa de los intereses de los accionistas y el resto de grupos de interés.