Uno de los pilares básicos que sostiene la coalición de Gobierno entre PSOE y Podemos es frenar la escalada de precios de la vivienda mediante la intervención del mercado. Pero esta empresa tendrá una corta trayectoria teniendo en cuenta que las “vagas” medidas contenidas en el Acuerdo de Progresose ponen de perfil frente a los grandes enemigos de los desahuciados, los fondos buitre. Atraídos por la debilidad económica española y por los inquilinos vulnerables, estos “fondos de inversión altamente especulativos y oportunistas” permanecen el el mercado español subvencionados por el Estado, denuncia Guillermo Rocafort, experto en Derecho Bancario, profesor universitario de Economía y escritor.

“Salen de paraísos fiscales” y compran deuda impagada de “presas fáciles en situación de vulnerabilidad”, como “inquilinos de viviendas sociales” y “deudores hipotecarios”, apunta Rocafort, quien concluye que el punto 2.9.10 del Acuerdo socialcomunista sobre “protección a las personas hipotecas” es “puro humo”. El documento recoge cuatros propuestas en esta materia. La primera de ellas garantiza nuevas medidas de protección y de transparencia en las condiciones de contratación sin especificar cómo la ley protegerá a los hipotecados que no puedan pagar la deuda reclamada judicialmente por un fondo buitre. Por el momento, los inquilinos solo se encuentran respaldados por “la nueva Ley de crédito hipotecario aprobada en 2019 y trasladada de una Directiva europea a la normativa interna española”, señala Guillermo Rocafort en su análisis. Para más inri, en una solicitud realizada por este economista al Ministerio de Economía se le asegura que, en la Ley de crédito hipotecario que se estaba tramitando en el aquel momento, se habían introducido enmiendas “que refuerzan la información que recibe el acreedor sobre la cesión de crédito” y se le notificaría esa cesión de crédito del banco a un fondo buitre. “La realidad es que en la Ley no aparece nada de toda esa presunta protección que se iba a realizar a la figura del deudor”, denuncia.

El segundo punto del documento tampoco incluye ninguna novedad. PSOE y Unidas Podemos dicen velar por que “el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario”. Sin embargo, “esos medios de defensa y de prueba ya están reconocidos gracias a la Justicia Europea”, afirma el doctor en Economía. También aseguran que “impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad”, mecanismos ya existentes como, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por Mariano Rajoy en 2012 “que permitía en cierto modo esa reestructuración”, señala el análisis. La aportación de la coalición de Gobierno a este punto aún estaría por definir. Finalmente, el PSOE y Podemos cierran este apartado de su Acuerdo Progresista con otra referencia “a avances que ya se realizaron en el pasado después de interminables abusos de los bancos y fondos buitre”, reprende Rocafort. Aseguran que “se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial”, no obstante, actualmente “no se desahucia a nadie sin que los servicios sociales competentes hayan sido informados previamente”, concluye este experto.

Ante este escenario de desprotección, Guillermo Rocafort recuerda el papel de reposicionamiento que juegan los fondos entre la clase política. “Antes eran las cajas de ahorro”, ahora los fondos buitre se han convertido en la “nueva manera de prosperar”. Pero estos actores del mercado no solo han provocado un incremento de las rentas del alquiler de hasta un 100%, sino que también deterioran la esencia de los barrios. Los fondos no se hacen cargo de las viviendas adquiridas, que finalmente acaban tapiadas o invadidas por okupas. Todo esto se pasa por alto porque “los fondos buitre traen liquidez”, afirma. Guillermo Rocafort recuerda como, durante la alcaldía de Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid permitió la venta de 700 viviendas sociales al fondo Goldman Sachs. En la operación, la venta fue aprobada por unanimidad en el patronato de la fundación Fusara, propietaria de las viviendas. La alcaldesa de Madrid, representada por el concejal Mauricio Valiente, y la delegada del Gobierno Socialista en Madrid, delegaron su voto al representante de Fusara, posicionándose a favor de la venta. Además, durante los cuatro años de Manuela Carmena al frente de la ciudad, el precio de los alquileres en Madrid se disparó un 50%, señala Rocafort. Un movimiento que le sirvió al “Ayuntamiento de Madrid para cuadrar los balances”, apostilla.

“La izquierda está entregada a los fondos buitre”, afirma tajante el economista. Mantener una relación cordial con dichos fondos es crucial, por ello, en septiembre de 2018, Pedro Sánchez voló hasta Nueva York para reunirse los máximos responsables de estas opacas entidades como Blackstone, York Capital, Morgan Stanley y Soros, entre otros. Para mantenerlos satisfechos, el Gobierno español, a través del Ministerio de Fomento, ha subvencionado los préstamos que han permitido a los fondos buitre hacerse con paquetes de vivienda protegida por debajo del precio de mercado desde 2013. Esto quiere decir que, incluso aquellas personas que tienen orden de abandonar sus viviendas o han sido desahuciadas, han contribuido con sus impuestos al enriquecimiento de los fondos buitre. Sánchez insiste en que estos créditos vencieron en abril de 2018, sin embargo, el recién encumbrado Gobierno “no ha solicitado la devolución de esos subsidios ilegales que vulneran el derecho a la competencia”, unos préstamos que, según las estimaciones de Guillermo Rocafort, rondan entre los 50 y los 200 millones de euros.