Y las previsiones se cumplieron. La interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez le ha impedido aprobar la batería de subidas pendientes para 2020, entre ellas las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el incremento salarial de los funcionarios. Con ello, el presidente en funciones incumple la promesa que hizo públicamente de que «nada impedirá que subamos lo que corresponda el 1 de enero». Ni por vía decreto ley, ni por vía ejecutiva, ni por decisión directa del Consejo de Ministros.

La consulta realizada a los servicios jurídicos del Estado no tuvo una respuesta positiva. Éstos desestimaron cualquier decisión que implicara la aprobación de una subida, al no tener un amparo legal claro, por lo que los pensionistas se quedarán sin el tan cacareado incremento en enero, la primera vez desde 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, ni tan siquiera podrán disfrutar del mínimo del 0,25% aprobado en la reforma de Mariano Rajoy, ya que las pensiones han sido congeladas hasta que un Gobierno sea investido.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, lo justificó ayer tras el último Consejo de Ministros del año por cuestiones «de liquidación posterior cuando se apruebe la subida ya en 2020». Por tanto, se hará una única revalorización del 0,9% y no dos, una del 0,25% ahora, y otra con el 0,65% restante en 2020, por el gasto que supone, no solo de coste, sino de «infraestructura logística».

Y para que esta medida tenga validez y base jurídica, el Consejo de Ministros decidió suspender el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social –que amparaba la obligatoriedad de la citada subida legal mínima del 0,25%– hasta que haya «un Gobierno con plenos poderes» que apruebe la revalorización completa, recogida en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea. En previsión de que la formación de Gobierno se dilate en el tiempo, la subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020 una vez se apruebe.

De momento, el Ejecutivo se ha limitado a aprobar un Real Decreto que recoge las medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social de obligado cumplimiento una vez haya Ejecutivo. También ha prorrogado la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permitirá a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma.

Es decir, la edad legal ordinaria de jubilación en 2020 subirá a 65 años y 10 meses, y la de la jubilación anticipada forzosa a 61 años y 10 meses, si bien los protegidos por la cláusula de salvaguarda lo podrán seguir haciendo a los 61 con 30 años cotizados, frente a los 33 años establecidos con la reforma del año 2011. También se prorrogan algunas de las medidas en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, para garantizar su aplicabilidad y evitar que su carácter temporal acabe con su vigencia el 31 de diciembre.

Pedro Sánchez también ha tenido que desestimar otra de sus medidas estrella: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supone, de facto, un paso atrás en su acuerdo político con Podemos, su futuro socio de Gobierno. Por tanto, llegar a los 1.200 euros netos mensuales es, de momento, una quimera. El SMI no sufrirá cambios y su incremento lo deja en manos de las negociaciones que lleven a cabo sindicatos y patronal, y lo remite a los acuerdos que se suscriban a través del diálogo social cuando se forme Gobierno. Lo que sí ha tenido que hacer el Gobierno de manera urgente es aprobar una prórroga del Real Decreto de 21 de diciembre de 2018 que fijó el SMI para 2019, puesto que dejaría de tener efecto el 31 de diciembre, y por tanto, no se hubiera podido mantener el actual SMI. El Ejecutivo lo ha prorrogado por «razones extraordinarias» y hasta que se apruebe un nuevo decreto en 2020, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, el SMI se mantendrá el 1 de enero en los mismos parámetros que hasta ahora: 900 euros al mes en 14 pagas anuales, o 12.600 euros al año.

También ha quedado sin actualización la subida del sueldo de los funcionarios de un 2% en términos fijos más una parte variable, según el acuerdo pactado entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo durante el último Gobierno del PP. En este caso, el Ejecutivo ya lo había advertido en varias ocasiones, que únicamente habría incremento desde el 1 de enero cuando «el Gobierno esté en plenas funciones». Lo que sí ha confirmado es que la subida, una vez aprobada, será devengada con carácter retroactivo con fecha 1 de enero y tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

Nuevo récord en la factura mensual

En diciembre la factura de las pensiones ha marcado un nuevo récord. La Seguridad Social destinó este mes 9.759,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2018. La mayor parte fue a parar a las pensiones de jubilación, con casi 6.963 millones de euros (+4,9%). Además, las de viudedad dedicaron 1.692 millones (+5,05%); las de incapacidad 941 millones (+3,3%); las de orfandad 137,9 millones (+3,6%) y las de familiares totalizaron 24,9 millones de euros.