Se enfrenta a una petición de condena de dos años de prisión, que el fondo brasileño DIS eleva a cinco, y a una multa de diez millones de euros por corrupción en su fichaje por el Barcelona.

Neymar tendrá que hacer frente a una petición de condena por parte de la Fiscalía de dos años de cárcel y a una multa de diez millones de euros (que en caso de no poder pagar le supondría, si es condenado, otro año de prisión) por un delito de corrupción entre particulares en su fichaje por el Barcelona, en el que ambas partes y el Santos ocultaron supuestamente el coste real del traspaso a DIS –que poseía el 40 por ciento de sus derechos federativos–, al que dejaron de abonar 3,2 millones de euros. El fondo brasileño, personado como acusación particular en el procedimiento, endurece esa petición de condena y solicita a la Audiencia Nacional que le imponga una pena de cinco años de cárcel y una multa de 195 millones de euros y, además, que le inhabilite para jugar al fútbol en cualquier club profesional durante la duración de su condena.

En su escrito de acusación, el fiscal José Perals reclama la pena más dura para el ex presidente Sandro Rosell, cinco años de prisión y una multa de diez millones de euros, por los delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia. Según el fiscal, el jugador y su padre (para quien solicita dos años de cárcel y una multa, también, de diez millones) aceptaron en 2011 un pago de 40 millones de euros del club azulgrana «alterando de esta manera el libre mercado» de fichajes y perjudicando también a DIS, al que privaron de la posibilidad de obtener un mayor beneficio por el traspaso en el mercado libre. Además, cuando dos años después acordaron anticipar la incorporación del jugador, Rosell y el entonces presidente del Santos, Odilio Rodrigues (para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel), urdieron un plan con Neymar y su padre «con la intención de ocultar el coste real del jugador», fragmentando el coste real del fichaje en diversos contratos supuestamente simulados (cuatro entre ambos clubes y siete del Barça con la familia Neymar).

La Fiscalía no acusa a Bartomeu, pues sostiene que, pese a firmar varios de esos contratos, desconocía que la operación se estuviese haciendo a espaldas del Santos (en un principio) y de DIS. Para el fiscal, era Rosell quien lideró las negociaciones. Pero el fondo brasileño sí lo hace y reclama para él la misma pena que para Sandro Rosell, cinco años de prisión y una multa de 195 millones, por lo que, si un pacto de última hora con DIS no lo impide, Bartomeu irá a juicio.

El Ministerio Público fija en 8,4 millones el importe de la multa que debería imponerse al Barça, en siete la del Santos y en 1,4 la de N&N, la empresa que la familia Neymar utilizó para rubricar esos contratos. Además, insta a la Audiencia a imponer a los dos clubes, a Rosell y a Rodrigues el pago de una indemnización de 3,2 millones a DIS (la diferencia entre los 6,8 millones que cobró por el traspaso y los diez que le correspondían).

El fondo brasileño reclama, además, que declare como testigo en el juicio el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en relación a la oferta que hizo el club blanco por el jugador y que cifra en 65 millones de euros.