Andreu Camps asegura ante la jueza que fue Arabia Saudí quien pagó a Piqué

El abogado Andreu Camps, antiguo secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí que fue una empresa pública del país la que contrató directamente con Kosmos, fundada por el exfutbolista Gerard Piqué, y que el Estado «reunía los requisitos» necesarios. En su declaración como testigo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) del pasado mes de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press,

Camps afirmó que la presencia de la compañía de Piqué en el acuerdo fue a instancias de SELA -la compañía saudí-, que consideraba que debía ayudarles «al desarrollo de ese contrato». Camps, que aseguró que la RFEF «no pagó absolutamente nada», explicó que si Kosmos hubiese prestado servicios a la RFEF se habría aplicado la normativa, que hubiese requerido la autorización de la Comisión Económica. Insistió, sin embargo, en que la compañía de Piqué lo que hizo fue prestar servicio a la empresa pública de Arabia Saudí que gestionó la Supercopa.

A lo largo de tres horas, el exdirectivo de la RFEF defendió la celebración de la competición en el país, que -a su juicio- cumplía los estándares necesarios: «Que no estuviera más lejos de una determinada distancia en avión y la oferta que económicamente mayor cantidad de dinero aportara». A la cuestión sobre «quién impuso esos requisitos», el exdirectivo de la RFEF contestó: «Esos requisitos los sugirió el presidente», en alusión a Luis Rubiales.

El ex secretario general de la Federación defendió que su «obligación» en la Federación era «jurídica» e insistió en que, por lo tanto, para él «no hay Estados buenos ni hay Estados malos». «Y menos en un Estado en el cual con quien estoy interactuando es con el Gobierno», apuntó.

Camps detalló que, además de Arabia Saudí, también se contó con diferentes ofertas. Diferentes empresas públicas de la India, China o Estados Unidos también trataron de hacerse con el contrato para celebrar la Supercopa en su territorio. «(Fue) un procedimiento largo, durante muchísimos meses, en el que hubo bastantes sedes interesadas en desarrollar la Supercopa fuera de España. Yo negocié directamente con algunas... en algunas más y otras menos», reconoció.

En su declaración, Camps también afirmó que «no había ninguna normativa que estableciera que era necesario el informe de ética» para cerrar el contrato con el país. «Usted ha hecho referencia a si era necesario el informe del Comité de Ética y mi respuesta es que no», añadió.

El que fuera secretario general de la RFEF aseveró no haber hablado en su vida con Piqué. «Lo conozco por la televisión y poco más (...) No he tenido ninguna reunión con este señor. Conozco a este señor por la televisión, porque juega fútbol y por lo que todo el mundo lo conoce desde el punto de vista social», apuntó. Camps, en este punto, fue preguntado sobre por qué la RFEF transmitió que no había ninguna relación o contrato con Piqué. «Es que no la tiene. No tiene un vínculo con la Federación», espetó, negando además que hubiese un conflicto de intereses.

«Si hubiera sido contratado por la RFEF como he dicho antes (...) si hubiera una relación directa con la RFEF... podría plantearse el conflicto de intereses. Pero es que con la Federación Española no tenía ningún vinculo, ningún acuerdo», aseguró, poniendo de ejemplo que Kosmos tiene una sociedad con LaLiga. En este punto, Camps fue tajante: «Lo dijo compliance, que no debía intervenir porque no había ningún tipo de conflicto. Que lo ha dicho compliance, no yo».

El asunto de por qué no se le facilitó a la exvicepresidenta de Integridad de la RFEF Ana Muñoz el contrato con la Supercopa antes de ser firmado también se abordó en el interrogatorio. Sobre este extremo, se le preguntó a Camps si había algún tipo de obligación, imposición legal, estatutaria, reglamentaria o normativa para enseñarle los contratos. El exdirectivo contestó: «Entiendo que no».

En otro de los interrogatorios celebrados en el marco de la causa, José Luis Pérez Triviño, quien perteneciera al Comité de Ética de la RFEF, señaló en su declaración ante la jueza que ese órgano valoró "motu proprio" la conveniencia de que la Federación asignara la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, y que en su informe defendieron que se llevara a cabo en ese país a pesar de que eran conscientes de la situación porque entendieron que podía propiciar un cambio y mejorar la realidad de la mujer. En este sentido, matizó que en ningún momento recibieron orden desde la RFEF de elaborar un informe a favor, y que trabajaron en el mismo desconociendo cualquier tipo de contrato al respecto. Así, explicó que no recordaba «nada respecto a un eventual contrato entre la Federación y una empresa privada -por Kosmos- y las eventuales consecuencias económicas», pero que en caso de haber tenido conocimiento sobre ese extremo habría informado en contra de ese contrato por «una evidente colisión de intereses de miembros de la Federación con una empresa privada».

«En 2019 yo no tenía ningún conocimiento de que hubiera algún tipo de contrato (...), por supuesto si lo hubiera conocido (...) mi particular posición hubiera sido muy distinta a la que expresé cuando voté a favor del informe que se le entregó a la Federación», explicó. Por su parte, la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas, que también perteneció al Comité Ético, coincidió con Pérez Triviño en que nadie les mencionó que hubiera un contrato relativo a la Supercopa de España y que si bien aprobaron un informe, éste no era preceptivo y no había sido requerido por la RFEF. En este sentido, explicó que ese comité no era quien para decir si había o no que celebrar en Arabia Saudí porque «eso formaba parte de la competencia de la RFEF», y que lo único que podían hacer era «dejar claro que las razones crematísticas no son las únicas que deben llevar una competición fuera del territorio español». Por otro lado, Mangas explicó que no tuvieron «el menor conocimiento de que pudiera haber ese tipo de transacciones» -por la intervención de la empresa de Piqué- y añadió que en caso de que hubieran tenido conocimiento de comisiones ilegales habrían actuado porque «no estaban permitidas».

«A la luz del código ético vigente, ese comportamiento hubiera sido enjuiciable (...) y podría haber llegado a una importante sanción porque hay un clarísimo conflicto de interés», indicó, para luego añadir que Piqué además era parte de la competición y por tanto había una acción que podía ser «fraudulenta».