El mismo día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de 283 millones de euros para las Rodalíes de Cataluña, el pleno del Consell valenciano ha tenido que aprobar un decreto ley para incorporar al presupuesto de 2024 ingresos un endeudamiento de 700 millones de euros, autorizados por el Gobierno central, destinados a financiar las ayudas directas y los contratos de emergencia para las reparaciones más urgentes.

La consellera de Hacienda y Economía del Gobierno valenciano Ruth Merino, ha indicado esta mañana que, tras las "múltiples peticiones" del Consell al Gobierno de España de recursos a fondo perdido como en la pandemia, cuando se transfirieron más de 2.800 millones a fondo perdido, y la "negativa reiterada" del Ejecutivo central, finalmente se ha permitido a la Comunitat Valenciana endeudarse para acometer gastos pata la reconstrucción.

"Es lo único a lo que el Gobierno de España nos permite acceder, a mayor deuda", ha afirmado la consellera, quien ha adelantado que se trata de "un primer endeudamiento de 700 millones" para atender gastos de este año, pero en 2025 la Generalitat solicitará más, en función de las necesidades de liquidez para hacer frente a la recuperación.

Ha recordado que al ser un decreto ley se tendrá que convalidar en el plazo de un mes en Les Corts Valencianes, por lo que ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos, y ha admitido que aunque se trate de mayor deuda proporciona a la Generalitat el crédito para acometer gastos y la liquidez para satisfacer los pagos.

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno España apruebe el FLA extraordinario para que la Comunitat Valenciana pueda financiar el déficit no autorizado, pues de no hacerlo sería "una tragedia para las finanzas de la Generalitat", ya que desaparecería el "oxígeno" para poder pagar a proveedores y los servicios públicos fundamentales.

Tributación de ayudas y donaciones

Respecto a la fiscalidad de las ayudas, Merino ha señalado que las ayudas directas a damnificados tanto del Consell como del Gobierno de España están exentas de tributar, y van a pedir al Ministerio que también lo estén las ayudas que dan las empresas a sus empleados damnificados como las donaciones que han recibido las ONG.

Ha indicado que, en estos momentos, parece que esas ayudas de las empresas se consideran rendimientos del trabajo, y por tanto no estarían exentos del IRPF, igual que las donaciones que han recibido fundaciones y ONG para destinarlos a los damnificados se consideran una ganancia patrimonial, a tributar tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades.

Transparencia y rigor en las ayudas

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno de España "aclaración, transparencia y rigor" sobre sus ayudas para la dana, y ha pedido "menos ayudas" a otras comunidades que no tienen esta emergencia, como los 283 millones de euros aprobados en el Consejo de ministros para las Rodalies de Cataluña, y más para atender los efectos de la riada.

Ha destacado que el Consell lleva pagados a fecha de hoy más de 160 millones de euros en ayudas directas: 12.466 ayudas por 74,79 millones para daños en enseres y viviendas; 611 ayudas al alquiler por 6,84 millones; 31 ayudas a los municipios por 6,2 millones; 4.218 ayudas a las empresas por 33,8 millones y 10.370 a autónomos por 31,11 millones.

Financiación para autonómos y pymes

El pleno del Consell ha aprobado también el decreto por el que se destinarán 23 millones de euros en ayudas para que autónomos y pymes afectadas por la riada puedan acceder a financiación a coste cero a través de las entidades financieras en operaciones con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca.

Merino ha indicado que este instrumento financiero, junto a las líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas para empresas de mayor tamaño, son un complemento a las ayudas directas del Consell y consisten en líneas con condiciones "inmejorables", sin costes ni comisión y que hay que devolver a largo plazo.