Cuesta entender cómo si a las 12.07 de la mañana del pasado 29 de octubre el barranco del Poyo llevaba un caudal de 264 hectómetros cúbicos por segundo, pudo bajar hasta los 28,70 a las 15.50 para volver a subir hasta niveles jamás registrados y que acabarían provocando la muerte de cientos de personas. Las imágenes de un descomunal torrente de agua arrancando los puentes Paiporta y Picanya hacían prever la magnitud de una tragedia de la que todavía queda mucho por saber.

Los datos que recoge la red automática de información hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) muestran la impactante evolución que experimentó el pasado martes. La primera crecida comunicada de este barranco, que ha sido el causante de la gran parte de los daños materiales y personales del paso de la DANA en Valencia, se produjo a las 12.07.

La CHJ explicó ayer que así lo trasmitió al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, por lo que este organismo emitió la correspondiente alerta hidrológica en la que se avisaba a la población de que no debía acercarse a barrancos y riberas de los ríos.

El potencial peligro parece que va disminuyendo, según los datos que trasmite el SAIH, pero aún así, se mantiene el mismo nivel de alerta.

Lo que ocurre después es el detonante de la desgracia. A las 18.55 el caudal alcanza ya los 2.282 metros cúbicos por segundo y la fuerza del agua arrasa todo lo que encuentra a su paso.

En esta evolución se detuvo este lunes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha tratado de mantenerse en los últimos seis días al margen de la refriega política para centrarse en resolver una tragedia que marcará a varias generaciones de valencianos.

El jefe del Consell hizo un repaso de la secuencia de los acontecimientos vividos el pasado martes y apuntó directamente a la a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Aseguró que esta entidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, «desactivó tres veces la alerta de peligro de desbordamientos».

Sin embargo, la CHJ se defiende de estas acusaciones e insiste en que «sus competencias son medir y proporcionar datos actualizados a dos instancias: de pluviometría y el nivel de los cauces», lo que se conoce como «aforo».

Mazón, en una entrevista en Cope, también explicó que el aviso enviado a los móviles a las ocho de la tarde se emitió porque la CHJ les avisó de que la presa de Forata se podía romper, algo que, afortunadamente no llegó a ocurrir.

Insistió además, en que pese a que este organismo levantó la alerta durante el fatídico día , el servicio de 112 mantuvo y comunicó la alerta por fuertes lluvias.

Sin embargo, la CHJ respondió a estas afirmaciones asegurando que cumplieron con su trabajo, que es trasmitir los datos del sistema de información hidrológica. Este es el mecanismo que permite monitorizar caudales permanentemente para que «las autoridades de emergencia valoren la afección concreta sobre el territorio y determinen actuaciones para prevenir daños».

Explicaron que para hacer dichas valoraciones cuentan con datos de la Aemet, que también había decretado el aviso rojo por lluvias a las 7.36 de la mañana.

Este organismo de cuenca insiste en que trasladó a las 12.30 de la mañana que el caudal en el barranco del Poyo era de 264 hectómetros cúbicos por segundo, a las 13.20 bajó a 120 metros cúbicos por segundo, a las 14.35 a 55,86 metros cúbicos por segundo y a las 15.50 a 28,70 metros cúbicos por segundo.

Como consecuencia de sus datos, el Centro de Coordinación de Emergencias, afirman desde la CHJ, emitió una alerta hidrológica, tras conocerse las primeras cifras.

Lo inesperado, y donde nadie puede explicar qué ocurre, es cómo a partir de las 17.30, el caudal vuelve a aumentar e incluso a superar «el nivel que motivó la primera alerta». A las 18.55 el caudal ya era de 2.282 metros cúbicos. A partir de ahí, los sistemas de medición quedan arrasados por la fuerza del agua y ni siquiera se tienen datos.

Mazón defendió que la alerta de la Generalitat no se desactivó, motivo por el que a las 15:21 horas solicitó la ayuda de la UME, que esa noche pudo llegar a los primeros municipios donde había llovido por la mañana, concretamente a Utiel y Requena.

El presidente explicó también que las comunicaciones, así como la luz o el agua, quedaron totalmente arrasadas por el temporal, por lo que no se podía contactar con muchos pueblos de los 69 que resultaron afectados, donde se agolparon 80.000 coches que impedían los accesos.

El papel de los Ayuntamientos

«Gracias a los avisos de la Generalitat hubo Ayuntamientos que tomaron medidas, como el de Requena, que suspendió las clases», señaló Mazón. El presidente de la Generalitat trasladó también parte de la responsabilidad a los municipios, receptores de los avisos que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat fue emitiendo a lo largo del día. Con los mismos datos, llama la atención la diferencia con la que actuó cada uno, pese a que todos son los que mejor conocen el terreno y los puntos críticos.

El lunes 28 por la noche seis municipios comunicaban a la conselleria de Educación la decisión de cancelar las clases, precisamente por los avisos que iban recibiendo. Paradójicamente, solo uno de ellos quedó afectado por la DANA. En la provincia de Alicante fueron Elche, Santa Pola y Crevillent. En ninguna de las tres localidades se registraron precipitaciones destacables. La alerta se tomó condicionada por la experiencia de 2019, aquel año, una DANA también causó graves desperfectos materiales y cinco víctimas mortales.

Al día siguiente, el fatídico 29 de octubre, se sumaron a esta decisión hasta 67 Ayuntamientos más a esta petición.

No obstante, de los 69 afectados por este temporal, únicamente cuatro municipios decretaron el final de las clases por la mañana. Son Utiel, Algemesí, L’ Alcúdia y Cullera. Esta decisión no evitó daños materiales, pero sí reducir las víctimas humanas.