Un pueblo, en pie de guerra, y ese pueblo es San Miguel de Salinas, ubicado en la comarca de la Vega Baja, al sur de la provincia de Alicante, en el que el verde de los huertos de limoneros predomina en el paisaje. Un municipio en el que, todos a una, rechazan la planta solar que el Gobierno central tiene planeado instalar allí para que surta de energía a la desalinizadora de Torrevieja, reduciendo costes de producción, cuando las instalaciones de la desaladora se amplíen. Un anuncio, el de la ampliación de la desaladora, que hizo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un viaje relámpago a Torrevieja, no exento de polémica por lo fugaz del mismo y por su intervención ante los medios de comunicación, sin dar opción a preguntas.

La planta fotovoltaica, según los planes del Gobierno, tiene como fin abaratar el coste de producción del metro cúbico de agua desalada hasta los 4 céntimos; un agua que principalmente se utiliza para la agricultura. Pero nunca llueve a gusto de todos y del anuncio de Sánchez vienen las protestas, porque la macroplanta solar ocupará más de 200 hectáreas de San Miguel de Salinas y mermará los beneficios anuales de los agricultores, en un pueblo que vive por y para la agricultura. Hay que recordar que la desalinizadora de Torrevieja pertenece al Estado y su ampliación, con un presupuesto de 108 millones de euros, supondrá incorporar a la actual capacidad máxima de producción anual de 80 hectómetros cúbicos otros 40 más; veinte de ellos para regadío y otros veinte para suministro urbano.

[[H3:«En juego, nuestro futuro»]]

«Aquí -en alusión al municipio- nadie quiere la planta solar», explicó Víctor Sáez, vecino de San Miguel de Salinas a quien, para construirla, le expropiarán 6 hectáreas de huertos de limoneros. «Esos huertos de limoneros -indicó- son de mis padres y los exploto yo; no quiero vender, no quiero dinero, quiero seguir dedicándome a la agricultura; está en juego nuestro futuro».

En San Miguel de Salinas, que vive a orillas de la CV-95, y a los pies de sierra Escalona y al lado de las salinas de Torrevieja, no cesan las protestas y ayer tuvo lugar otra, bajo un lema más que explícito: «Renovables sí; pero no así. Stop planta solar». Tras las protestas está la Asociación de Vecinos que, lejos de rendirse, sigue canalizando las quejas de vecinos, agricultores y regantes.

Igual de combativo se mostró Pepe Andújar, presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha. «La planta solar afecta a 80 hectáreas de nuestra comunidad de regantes», explicó para añadir que hay «ciento y pico familias afectadas». Familias que tiene en la agricultura su medio de vida, dado que no hay olvidar que la Vega Baja se considera «la huerta de Europa».

«Esta es una zona de producción histórica», añadió Andújar, al referirse al arraigo que tiene la huerta en la cultura y la vida de la comarca. «El pueblo entero se ha levantado y ya hayan protagonizado cuatro o cinco manifestaciones», agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante, Asaja, José Vicente Andreu, manifestó su «oposición» a cualquier propuesta que no atienda las peticiones de los vecinos de San Miguel de Salinas. «Se trata de 200 hectáreas del mejor suelo agrícola de la Vega Baja», agregó en alusión al terreno que ocupará la planta solar.

Hasta San Miguel de Salinas se desplazó el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el pasado lunes para reunirse con los afectados. Al término del encuentro, el jefe del Consell fue tan claro como contundente: «Renovables sí, salvajadas no». «Dos millones de metros cuadrados de cítricos están llamados a desaparecer si prospera este proyecto», advirtió Mazón. Insistió en que el Gobierno central «se carga un pulmón verde» solo por la obsesión que les ha entrado a algunos por la desalación masiva como alternativa».

Según los vecinos, la planta solar supondría la desaparición de decenas de huertos de cítricos y hortalizas y de medio centenar de viviendas. Y son los vecinos, en concreto el presidente de la Asociación de Vecinos, Manuel Gómez, quien considera que hay una “epidemia” en instalación de estas plantas solares y aclara que han planteado alternativas donde no haya impacto, como el entorno de la AP-7.

“La ilusión que tenemos todavía es que no es oficial, que existe un anteproyecto que no se ha sacado a información pública y esperamos pararlo. Pedimos que se retire el proyecto oficialmente y luego se busque una alternativa”, dijo Gómez.

Así las cosas, la guerra del agua en un territorio de la provincia de Alicante en el que la huerta lo es todo no tiene visos de cesar.