El 15 por ciento del agua que se utiliza en Europa se reutiliza en la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Este dato, entre otros, legitima a la Comunitat Valenciana para reclamar ante el Gobierno central un total de 1.186 millones de euros en inversiones para infraestructuras hídricas de carácter prioritario para el desarrollo de la región. Así lo ha explicado hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras mantener un encuentro con el presidente de la Condederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado.

Ambas organizaciones han presentado al jefe del Consell el informe «Infraestructuras hídricas prioritarias de la Comunitat Valenciana», elaborado por la Comisión de Aguas de la CEV. En el documento, se plantean como urgentes un total de 235 actuaciones valoradas en 2.264 millones de euros, de los que 1.186 corresponden a la Administración general del Estado y 914 a la Generalitat valenciana.

Mazón se ha comprometido no solo a asumir la parte relativa a la Comunitat, sino que además ha asegurado que establecerá un calendario para llevar a cabo dichas actuaciones. Además, ha señalado que se presentarán ante el Ministerio, a través de la CEV y de la CEOE, las medidas exigibles al Estado.

Del total de la inversión, 1.494 millones de euros serían en actuaciones en la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ) y 769 millones en la del Segura (CHS).

La mayoría de actuaciones, un total de 106, corresponderían a obras de regadío, con un coste de 1.171 millones, según el informe de la CEV.

Prioriza también las dedicadas a abastecimiento urbano (317), saneamiento y depuración (288), reutilización (263), desalinización (103), seguidas de regulación (48 millones), abastecimiento (29 millones), otras infraestructuras (24) y defensa contra avenidas (20).

Además, 421,5 millones de euros corresponden a las obras de emergencia por la modificación del trasvase Tajo-Segura. De dicha cantidad, 226,2 deberán ser invertidos por el Gobierno central. En este sentido, el presidente de la Comisión del Agua de la CEV, Jordi Azorín, ha explicado que la principal actuación para paliar el recorte del Tajo-Segura es la reutilización del agua de Alicante, aunque ha aclarado que «no es la única».

«La lucha para el agua que necesitamos viene desde muchos puntos de vista, desde el trasvase, de los acuíferos, el clima, nuestra depuración y la reutilización», entre otros, reivindica Mazón. En cuanto al trasvase Tajo-Segura, ha explicado que cuanto mayor sea la inversión en infraestructuras hídricas, menor será la dependencia de este tipo de recursos. «Nos encantaría pedir menos agua, pero pedimos la que necesitamos», ha recordado el presidente.

Reivindica que este mapa de inversiones hídricas es «necesario» ante la situación «agónica» del trasvase Tajo-Segura o el «sobredimensionamiento del agua desalada».

Por otro lado, Mazón se ha referido también a la Mesa autonómica del Agua de la Comunitat Valenciana, y al respecto ha instado a los grupos políticos de la oposición a que «lo antes posible» trasladen si están de acuerdo en tener representantes en ese órgano, algo que, según ha defendido tiene que «unir a todos». En este sentido, ha recordado que en la provincia de Alicante existe una Mesa del Agua «que funciona desde hace 38 años», con representantes de todas las formaciones políticas y asociaciones.

Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha destacado que la Comunitat Valenciana «está unida por un problema y una solución» que hay que dar al «déficit crónico de agua». «Somos un ejemplo para otras comunidades de lo que debemos hacer respecto a un problema tan importante como el agua», ha añadido, y ha defendido la necesidad de inversiones hídricas para trabajar en la defensa de unos intereses comunes.

El presidente de la Comisión del Agua de la CEV, Jordi Azorín, ha defendido que este informe establece por primera vez «un documento único que mide las necesidades en materia hídrica» en la Comunitat. El objetivo es establecer a partir de ahora también un calendario único de las obras para poder hacer un seguimiento con cada Administración.