El Gobierno valenciano prevé duplicar las deducciones fiscales por nacimiento, adopción o acogimiento familiar

Si finalmente Vox decide apoyar los Presupuestos autonómicos presentados por el Consell del PP para 2025, los valencianos y valencianas que decidan ampliar la familia a partir del año que viene contarán con nuevas deducciones fiscales. Así se contempla en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2025, más conocida como Ley de Acompañamiento, que ha sido aprobada hoy por el pleno del Gobierno valenciano.

La norma, que será ahora remitida al Consell Jurídic Consultiu para que elabore su dictamen, contempla, entre otras medidas fiscales, permite duplicar y hasta

triplicar las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar al elevar la cuantía en función

de las cargas familiares.

En su conjunto, el paquete de medidas fiscales previstas en este apartado, destinado a favorecer a rentas medias y bajas, beneficiará a unas 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en 10 millones de euros para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.

Gracias a estas medidas, los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero o tercera y sucesivos. La ampliación de los importes supondrá un ahorro de 9,73 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a 40.000 personas.

Asimismo, estas mismas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, cualquiera que sea su régimen, de manera que se incluirá también la

guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias. En este caso, se estima que se beneficien de la medida casi 1.300

contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.

Además, las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. En concreto, se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años; la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para alrededor 600 contribuyentes.

Asimismo, se incorpora una modificación en la Ley 19/2017, de la Renta Valenciana de Inclusión, para ampliar la forma de abono de la prestación económica, de forma que además de realizarse a través de ingreso en cuenta, también se pueda hacer a través de medios prepago, con lo que se ofrece cobertura a personas vulnerables que, a día de hoy, sufren la brecha financiera.

Proyectos de interés autonómico

Por otra parte, los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50 % del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo.

Además, se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024. El número de personas abonadas está en torno a los tres millones.

La Ley de Medidas Fiscales también incorpora como novedad una rebaja fiscal del 60 % para a las adquisiciones de parcelas con vocación agraria efectuadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.

Para ello, se reduce del 10 % al 4 % el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En el área de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, se modifica la Ley 3/2019, de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana para dar un paso más en la mejora continua de los propios servicios sociales, al introducir la posibilidad de que las entidades locales puedan proveer y gestionar los servicios sociales de atención secundaria, siempre que esté asegurada la coordinación con el Ejecutivo autonómico para garantizar la correcta y eficaz prestación de los servicios.

De esta forma, se elimina la imposibilidad material de gestión, favoreciendo así la creación de plazas residenciales de titularidad municipal y la descentralización del servicio, con el impacto directo que esto tiene en la reducción de las listas de espera y en que las personas no se tengan que alejar de su entorno por no tener recursos de atención secundaria en su municipio.

Asimismo, se incorpora una modificación en la Ley 19/2017, de la Renta Valenciana de Inclusión, para ampliar la forma de abono de la prestación económica, de forma que además de realizarse a través de ingreso en cuenta, también se pueda hacer a través de medios prepago, con lo que se ofrece cobertura a personas vulnerables que, a día de hoy, sufren la brecha financiera.