Compromís pide una agencia que garantice la renta agraria

Las recientes movilizaciones de los agricultores valencianos, al igual que los del resto del territorio nacional y también de la mayoría de países de Europa, han llevado a Compromís a pedir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y el impulso final para la creación urgente de la Agencia Valenciana del Control Alimentario, que garantice el pago de precios justos a los productores agrarios con el desarrollo de un cálculo de los costes efectivos de producción, así como crear el registro de operadores, contratos y otras relaciones jurídicas agrarias que prevé la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias de la Comunitat Valenciana.

La proposición de los nacionalistas pide también desarrollar un paquete de ayudas directas extraordinario al sector agrario para paliar los costes sociales y económicos de los efectos adversos de la emergencia climática y por el incremento de costes derivados del conflicto bélico en Ucrania y del Oriente Próximo.

Proponen también que se inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender en el seno del Consejo de la Unión Europea que se exija una moratoria de los acuerdos agrícolas de libre comercio en los que la Unión Europea forma parte, tales como el conocido tratado con Sudáfrica, Vietnam o Marruecos, hasta que se cumpla la exigencia de reciprocidad efectiva y la estricta vigilancia de los mercados por la aplicación de las cláusulas espejo con el doble objetivo de no favorecer el dumping ambiental y económico que puede conllevar el disminuir los controles de calidad alimentaria. Del mismo modo, recuperan una vieja reivindicación del sector agrario como es prohibir la importación de productos de países que tengan autorizado el uso de materias activas de productos fitosanitarios prohibidos en la UE, excepto los provenientes de la agricultura ecológica certificada.

Recuerdan desde Compromís que el encarecimiento de los costes de producción y la climatología adversa, principalmente en forma de sequías, han agravado las dificultades, ya de por sí complejas, de lo que supone mantener el modelo tradicional agrario, y que no han sido compensadas suficientemente en el caso de haber sido perceptores de ayudas del Ministerio de Agricultura, ni todos los sectores se han podido beneficiar de ellas por falta de una línea de ayuda específica.

De tal manera que, mientras aumentan los márgenes de beneficio de las grandes empresas agrícolas y de la industria de la alimentación, los rendimientos agrarios por parte de los trabajadores y las trabajadoras del campo disminuye progresivamente. De igual manera disminuye el número de hectáreas cultivadas. Según la encuesta de superficies y rendimientos de los cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura, en los últimos cuatro años, desde el comienzo de la pandemia, el campo valenciano ha perdido más de 16.030 hectáreas cultivadas.

La liberalización del mercado agrario mediante los acuerdos comerciales simplemente no funciona: suponen facilitar la entrada de productos de terceros países sin los estándares de producción.