La red de Cáritas Valencia, compuesta por las acogidas parroquiales y los programas de acción social diocesanos, ayudó el año pasado a 54.317 personas, un 5 % más que el año anterior, según ha informado esta organización en un comunicado.

Los perfiles de las personas atendidas por la institución en alguna de sus 426 Cáritas parroquiales y 180 proyectos no han cambiado, siguen siendo en su mayoría personas migrantes, la mayor parte de ellas en situación administrativa irregular, mujeres solas y parejas jóvenes con menores de edad a su cargo y personas con viviendas precarias.

De quienes solicitaron apoyo económico en vivienda, el 66 % se encontraba en situación de régimen de alquiler por subarriendo. Algunos de estos casos se encuentran con la dificultad en la tramitación del empadronamiento en el mismo domicilio que obstaculiza su proceso de integración.

El hecho de tener hijos es uno de los factores de riesgo de exclusión y de transmisión intergeneracional de la pobreza, y por ello se presta especial atención a los 16.659 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de Cáritas, señalan las mismas fuentes.

Se destaca como preocupante que un 7,6 % de las personas atendidas lo son desde hace más de 10 años. Se trata de familias muchas de ellas en pobreza severa, que ven cronificada su situación.

A lo largo de 2023 Cáritas contó con la colaboración desinteresada de 4.983 personas voluntarias, la mayoría (67 %) mujeres. Del mismo modo, recibió el apoyo de 3.355 personas que confiaron recursos económicos a la entidad y un total de 270 entidades y empresas colaboradoras.

En cuanto a los recursos económicos, los fondos propios suponen el 66 % de los ingresos que recibe Cáritas en la diócesis de Valencia, que ascendieron, a 13.893.381 euros en 2023.

El año pasado, Cáritas invirtió más de doce millones de euros (12.502.456) en la atención social en la diócesis de Valencia, un 39 % en programas de atención y acompañamiento y un 34 % en cubrir necesidades básicas como, suministros, ayudas para alquiler, desahucios, pago de recibos, reparaciones en la vivienda, alimentación, medicamentos o ayudas educativas.

La directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, ha destacado, entre otras preocupaciones, la necesidad de que "la Administración garantice políticas públicas que dignifiquen a todas las personas y, sobre todo, a aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables".

En ese sentido, ha destacado la necesidad de "planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tengan en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora".

En cuanto al acceso a una vivienda digna y adecuada, la directora de Cáritas Valencia ha propuesto "ampliar el número de viviendas de alquiler de calidad a precios asequibles; aumentar el parque público de vivienda en alquiler social para aquellas familias con rentas más bajas y cumplir el 3 % de dotación residencial que marca la ley, ampliable al 5 %, para garantizar un hogar a familias en situaciones de extrema necesidad".

Asimismo, se ha referido a "la necesidad de seguir garantizando el derecho al mínimo vital para todas las personas con un sistema de garantía de ingresosmínimos que esté dotado con la cobertura suficiente y cuya tramitación se agilice".