Las bonificaciones del transporte público se mantienen hasta 31 de enero en la Comunitat

Las bonificaciones al transporte público siguen en vigor hasta el próximo 31 de enero en la Comunitat Valenciana y la Generalitat estudia hasta qué punto puede asumir el coste de la medida, tras decaer las ayudas por el rechazo del real decreto ley 'ómnibus' en el Congreso.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat está analizando el impacto de que haya decaído el decreto del Gobierno central que, entre otras cosas, prorrogaba las bonificaciones al transporte, ya que la intención era alargar el descuento general y el abono gratuito para jóvenes hasta el 30 de junio.

En los próximos días se tomará una decisión definitiva que será aprobada en el pleno del Consell de la próxima semana, según informa la Conselleria de Infraestructuras.

Por el momento, los descuentos siguen en vigor hasta el 31 de enero y, por tanto, no habrá una subida de las tarifas a partir de este jueves en la Comunitat Valenciana.

Pérdida de 814 millones

Las comunidades y ciudades autónomas perderán 9.675,2 millones de euros en ingresos -814,2 millones en el caso de la Comunitat Valenciana- como consecuencia de la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación del ejercicio 2025, ya que esta revisión ha decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus' del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan que el grueso del impacto recaerá en las comunidades autónomas, que perderán 9.665,2 millones en ingresos, mientras que las ciudades autónomas perderán en conjunto 10 millones de euros.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la convalidación del real decreto ley 'ómnibus' aprobado por el Gobierno el pasado de diciembre, por lo que decaerá todo su contenido, lo que incluye desde el alza de las pensiones hasta las bonificaciones al transporte.

Este amplio real decreto ley también recogía una actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación para las comunidades autónomas y las entidades locales, ya que, al no haber presupuestos aprobados para 2025, si no se realizaba este ajuste, las administraciones territoriales recibirían las mismas cantidades que en 2023 (que son las cuentas en vigor), cuando les correspondían menos recursos porque la recaudación era inferior.

Al decaer el real decreto ley, lo hace también ese ajuste, lo que supondrá una pérdida de recursos para las comunidades autónomas.

Las regiones que perderán más ingresos serán Cataluña (1.910,3 millones), Andalucía (1.828,4 millones), Madrid (1.286 millones), Comunitat Valenciana (814,2 millones), Galicia (702,8 millones), Castilla y León (600,4 millones) y Castilla-La Mancha (458,5 millones).