Un total de 56 son las razones para reformar el sistema de financiación autonómica que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, presentará el viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión en Moncloa. Se trata de un documento que ya compartió con la patronal y los sindicatos el pasado lunes, y que ha hecho extensivo a los grupos parlamentarios en Les Corts hoy tras la sesión de Control.

Las medidas se dividen en ocho bloques y cada una de ellas cuenta con una detallada argumentación y una cuantía económica exigida al Gobierno. En materia de Servicios Sociales, por ejemplo, el Consell reclama la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya tienen regiones como País Vasco, Navarra y Cataluña, así como el pago del 50 por ciento de las prestaciones de Dependencia, cuya deuda acumulada a finales de este año se situará ya en 3.441 millones de euros. Destaca también en este apartado la petición al Gobierno de que asuma el coste de acoger a los menores inmigrantes no acompañados, que asciende a seis millones anuales.

Uno de los apartados más potentes es el de Hacienda, en el que, obviamente, el Consell incluye la petición de la reforma del sistema de financiación autonómica, la implantación de un fondo de nivelación, con una propuesta, elaborada por expertos, que ya se presentó en Les Corts en septiembre de 2020. Además, en el documento que se le entregará a Sánchez, el Consell deja claro que no piensa renuciar a una «condonación parcial» de la deuda si se le aplica a alguna otra autonomía, aunque también insiste en que esto será solo un «parche» si no se reforma el modelo.

En materia de Justicia e Interior se exigen medidas como fondos para la creación de más unidades judiciales o aumentar las plazas de la Policía Nacional. En Sanidad, se incluyen reclamaciones históricas como compensar el gasto por la asistencia prestada en la Comunitat a desplazados de otras autonomías y aumento del número de especialistas médicos.

En el ámbito de la educación, el Consell ha asegurado la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, y ha pasado de una inversión de 87,5 millones a 162 millones, por lo que pide ayuda al Gobierno central. También le pide una EBAU única con adaptaciones al alumnado con necesidades específicas.

También recuerda el documento que la Ley de Contratos del Sector Público contempla los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional en los contratos de servicios intensivos en mano de obra por lo que reclama nuevamente financiación a Estado.

La reivindicación identitaria está presente con la exigencia del reconocimiento del nombre del territorio como Comunitat y no como País, y la lengua como valenciana.

En materia cultural pide la devolución de la Dama de Elche y del Llibre dels Repartiments de Orihuela, así como una rebaja del IVA en los gastos relativos a fiestas y tradiciones.

También pide ayudas por la sequía y un cronograma de ejecución de obras hidrográficas urgentes. La ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante es otra de las reivindicaciones y la ejecución del tren de la costa. Reclama actuaciones en la costa, en la Albufera y la ejecución de la eterna Estación central, túnel pasante incluido.

Los aranceles a la producción textil y el corredor Cantábrico completan las peticiones.

Mazón ha expuesto estas peticiones en reuniones de veinte minutos con los tres síndicos de las Cortes tras una sesión de control de perfil bajo en la que la oposición ha formulado las preguntas que ha querido y no las anunciadas. En este sentido y siempre con la financiación como telón de fondo, Mazón ha contestado a Muñoz (PSOE) que no iba a renunciar a un solo céntimo de la deuda y que el que ha roto el pacto de financiacion era el PSPV. En materia de inmigración, Mazón ha contestado a Vox que su gobierno dará atención asistencial a la inmigración