El ayuntamiento de Valencia presentó este lunes un informe en el que traslada a la Generalitat su oposición a que prorrogue la Actuación Territorial Estratégica (ATE)que se le concedió al Valencia para facilitar la construcción del nuevo estadio y reclamó a la administración autonómica que en caso de prorrogarla lo haga con una doble garantía económica.

La vicealcaldesa Sandra Gómez defendió en rueda de prensa que “no se dan las condiciones legales para prorrogar la ATE” hasta 2030 tal y como solicitó el club hace un mes.

“No hay una causa de fuerza mayor o inimputable al promotor que se pueda aducir para justificar sus incumplimientos. Las causas de demora son imputables al promotor y no procedería la prórroga”, sentenció.

Gómez recordó que el consistorio es el “órgano de control y seguimiento” del cumplimiento de los acuerdos pero que “está en manos de la Generalitat optar por la prórroga o la resolución de la ATE”, algo para lo que, según dijo, se ha fijado un plazo hasta el 20 de agosto.

“Dada la pasividad del Valencia, lo más acertado sería no prorrogar la ATE, pero si la Generalitat lo decidiera pondríamos dos condicionantes para que el Valencia garantice y avale que va a cumplir sus compromisos”, apuntó.

“Pedimos que se avala el cien por cien de los costes de los compromisos que existen con la ciudad y en los que está el pabellón de Benicalap”, señaló Gómez, que apuntó que coste de ese proyecto está entre los 5,7 y los 6,8 millones de euros.

“También habría que contar con otro aval especial que garantice que el club va a cumplir sus otros compromisos”, destacó en referencia principalmente a la finalización del nuevo Mestalla. Gómez, que en su día se mostró partidaria de un aval de unos cien millones, dijo esta vez que la cantidad la debe “cuantificar” la Generalitat.

“Yo oriento, pero son ellos los que deberían establecer el porcentaje”, deslizó la vicealcaldesa, quien apuntó que debería ser “una garantía lo suficientemente importante para demostrar que hay una voluntad firme de acabar los hitos porque si no perderían una gran cantidad”.

“El acto de fe no lo tienen que pedir a la sociedad valenciana, lo tienen que demostrar. Si tienen la voluntad de cumplir, deben avalar para que en caso de incumplimiento la administración pueda acabarlas”, señaló.

Respecto al informe, dijo que es “del Ayuntamiento, del gobierno en su conjunto” y explicó que se ha pedido información a todos los servicios afectados por los compromisos que adquirió en su día el club.

“A día de hoy no se ha ejecutado nada que permita decir que el Valencia haya cumplido con alguno de sus compromisos”, prosiguió.

Debía hacer un estudio de movilidad, urbanizar la zona alrededor nuevo estadio, el nuevo estadio y el pabellón Benicalap. Ni en las parcelas públicas ni en las privadas hay alguna actividad. No hay ninguna obra en marcha ni ningún proyecto que permita concluir que hay una voluntad de realizarlas”, resumió.

“Hay una patente inactividad y pasividad”, agregó para explicar la recomendación de no prolongar la ATE. Además, especificó que al ir a incumplir el Valencia los plazos de la segunda parte de esa actuación, no hay que esperar a 2025 (fecha de finalización inicial) para darla por acabada.

“Si hay un incumplimiento manifiesto como en la segunda fase, en la que no se ha cumplido ninguno de los cinco hitos, la administración tiene la capacidad de resolver la ATE”, afirmó Gómez, quien dijo que en ese caso volvería a entrar en vigor el plan anterior, el PAI de Mestalla “que ya aprobaba la recalificación del suelo del antiguo Mestalla”.

“La ATE da un plus de derechos urbanísticos y de edificabilidad, un centro comercial básicamente, así que eso sería lo que se anularía. Lo que perdería el club sería el terciario . No se anularía el pabellón, ni la obligación de derribar el viejo estadio, ni los derechos sobre su suelo, ni la obligación de acabar el nuevo”, resumió.

“La ATE da un plus, una sobrerecalificación, algo hoy impensable”, afeó Gómez, que restó validez a los argumentos dados por el Valencia en su petición de prórroga entre otras cosas por no haber dado “ningún paso”.

“El promotor debe acreditar que ha habido una imposibilidad manifiesta de esa actuación. El Valencia justificó que no había podido desarrollar la obra por dos motivos, los problemas de compraventa de las parcelas de Mestalla con ADU Mediterráneo y el covid 19, pero entendemos que no son causas suficientes que exoneren al Valencia de desarrollar sus obligaciones”, concluyó.