La UCO de la Guardia Civil ha entrado esta mañana en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSOE) y en el del que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau (PP). Ambos han sido detenidos, así como la hija de Alfonso Grau y el empresario Jaime Febrer, además de casi una decena de personas más que están siendo investigadas en el marco de la operación Azud en la que ya fue detenido hace dos años el cuñado de la exalcaldesa Barberá.

Todos ellos están siendo investigados por una trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público. También se les investiga por la adquisición de suelo público en condiciones ventajosas para futuras promociones haciéndose de facto casi imposible la libre concurrencia.

Los hechos investigados comienzan en el año 2005 y algunos de los proyectos urbanísticos finalmente se malogran por la crisis económica sobrevenida en 2008.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, el que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, habría cobrado más de un millón de euros en comisiones, mientras que Rafael Rubio, actual subdelegado del Gobierno y en el momento de los hechos que se investigan, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, habría recibido algo menos de la mitad.

El empresario detenido, Jaime María Febrer, era propietario de la mercantil Construcción Valencia Constitución, matriz de todo el entramado sobre el que al parecer pivotan un buen número de empresas constituidas ad hoc para los distintos proyectos urbanísticos, así como otras que habrían ejercido el papel de “factureras”, mediante la elaboración de facturas falsas.

El empresario Febrer habría llegado a participar en la redacción de los pliegos de licitación ajustándolo a la que luego sería su oferta, lo que hacía que ésta fuera imbatible. Una de las actuaciones más importantes fue la compra de los terrenos de CLH, junto al Puerto de Valencia. Los investigadores han centrado parte de las pesquisas en esta adquisición inmobiliaria que iba a traducirse en las construcción de innumerables viviendas, muchas de ellas de protección oficial. La crisis que estalló en 2008 dio al traste con el negocio, si bien la UCO podría tener acreditado la intervención del empresario para que el pliego de licitación de la futura obra le fuera muy ventajoso.

José Luis Vera, detenido

Otro de los detenidos ha sido el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera. Curiosamente, Vera fue una de las personas que denunció las contrataciones irregulares en Divalterra que dio origen a la causa Alquería por la que fue detenido y sigue procesado el entonces presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Vera, al parecer, habría sido mediador entre el PSPV y algunos empresarios investigados.

Despachos precintados

Desde que se ha desencadenado la operación, la Guardia Civil ha precintado los despachos tanto de Rubio, en la subdelegación del Gobierno, como de Vera en Divalterra. Es probable que concluidos los registros en sus domicilios, los guardias los trasladen a sus despachos para continuar con las pesquisas.

Las detenciones de hoy se enmarcan en la denominada causa Azud que se inició con sigilo en el año 2017 y estalló en abril de 2019 con la detención del cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Las primeras pesquisas parten de las informaciones recabadas en la investigación de otras causas de corrupción, principalmente la causa Imelsa.

Según la operación desarrollada en abril de 2019, al parecer, Corbín habría mediado en la recalificación urbanística de solares en la ciudad de Valencia y a cambio de ello recibiría importantes cantidades de dinero. La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.