Nuevo ultimátum al Parlament para hacer efectiva la retirada del escaño a Laura Borràs, condenada por corrupción a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación. La Junta Electoral ha dado cinco días a la presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés, de ERC, para que explique por qué todavía no ha ejecutado la resolución de la retirada del escaño a la líder de Junts.

El pasado 3 de mayo, la JEC procedió a la retirada del escaño a Laura Borràs porque había sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación "como autora plenamente responsable del delito de prevaricación administrativa" y falsedad documental al declarar probado que ordenó fraccionar contratos públicos cuando dirigía la Institución de les Lletres Catalanes (ILC).

El argumento es que, conforme a la Ley Electoral y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, una condena de inhabilitación por un delito como la prevaricación, aunque no sea firme, resulta incompatible con su continuidad como diputada del Parlament.

Sin embargo, el independentismo trató de ganar tiempo y anunció un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir medidas cautelares, un movimiento que ya hizo con el diputado de la CUP, Pau Juvillà. La maniobra, respaldada también por ERC, motivó una denuncia de Ciudadanos por incumplimiento, que ahora la Junta Electoral ha trasladado a Vergés.

Este miércoles y en vísperas del arranque de la campaña del 28 de mayo, el árbitro electoral ha dado cinco días hábiles -hasta el 17, incluido-, por lo que en la próxima reunión podría mandar ya un requerimiento personal de ejecución inmediata a la misma Vergés. De hecho, la Mesa presida por la republicana debe ejecutar la retirada de las credenciales de Borràs -y su cese como presidenta, ahora suspendida- y otorgarlas al siguiente de la lista de Junts, a Antoni Castellà.