ERC y comunes exigen la comparecencia de Collboni para aclarar el estado de las multas millonarias a promotores inmobiliarios que han incumplido el 30% de VPO en Barcelona

Mientras el Ayuntamiento de Barcelona busca fórmulas para acabar con el 30% de vivienda protegida en toda nueva promoción o gran rehabilitación en la capital catalana, está mañana, el periódico Ara ha denunciado que el gobierno municipal ha perdonado las multas impuestas hasta la fecha, de unos tres millones, por incumplir la normativa. Ante esta situación, tanto la presidenta del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, como la de los comunes, Janet Sanz, han pedido la comparecencia urgente del alcalde, Jaume Collboni, para que dé explicaciones.

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, sin embargo, ha salido al paso de las críticas y ha asegurado que el gobierno irá textualmente hasta las últimas consecuencias para que los promotores cumplan la medida de la reserva del 30% de vivienda protegida en la ciudad: "Todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidades de acabar en sanción".

En un tuit en la red X, Alamany reclama al gobierno municipal que aporte el informe jurídico que avaló esta decisión. Por su parte, Sanz habla de "estafa a la ciudadanía". La líder de los comunes recuerda que antes de dejar el Ayuntamiento, en mayo de 2023, destaparon "la estafa del 30% de vivienda" en 17 edificios donde se habían hecho rehabilitaciones. "Cuando entra Collboni [en el Ayuntamiento] deja que caduquen y perdona las multas y la obligación de que 70 pisos fueran a precio asequible", denuncia. "Hemos perdido estos 70 pisos y desde junio del 2023 hasta ahora quién sabe cuántos más", añade.

Según publica el periódico Ara, en septiembre de 2023, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) archivó los cinco expedientes sancionadores que había incoado que, sumados, rozaban los tres millones de euros, y también archivó el resto que estaban abiertos en fases más iniciales. Según fuentes municipales, la decisión se tomó por las "dudas jurídicas" sobre el desenlace de los litigios que podrían llegar tras las sanciones, que se sustentan en un informe encargado a los servicios jurídicos que no han aportado al rotativo.

A la espera de aclarar si el Ayuntamiento ha renunciado a cinco expedientes sancionadores de cinco bloques de pisos del Eixample que no habían pedido licencia de obras o escondían que hacían una gran rehabilitación para esquivar la cuota, y que habrían aportado 25 viviendas protegidas. O si también se han anulado otros seis expedientes que estaban en fases más iniciales, que habrían supuesto otras 25 viviendas protegidas para la ciudad; Bonet ha expresado que, cuando el ejecutivo tenga la certeza jurídica de que realmente se ha producido un incumplimiento -una decisión que se obtiene en el final de procedimiento de restitución-, se actuará para aplicar la sanción correspondiente, y ha destacado que el consistorio trabaja de forma "preventiva" para verificar si determinadas obras de rehabilitación escapan o no del 30%.

Bonet ha cifrado en 9 los casos detectados por los servicios de inspección que están en fase de restitución, salvo uno, del cual el Ayuntamiento ha obtenido una sentencia favorable y sobre el que los equipos ya están preparando un procedimiento sancionador para hacer cumplir de forma "estricta" esta normativa. De hecho, el ejecutivo ha optado por la restitución de la legalidad urbanística -es decir, pedir el permiso de obras correspondiente-, y en caso contrario sancionar posteriormente.

La noticia sobre la renuncia a las multas de los promotores se produce en pleno debate sobre la eficacia de esa medida. El gobierno municipal, que ha iniciado conversaciones con los grupos para modificarla, asegura que "no está funcionando". Argumentan que, desde que entró en vigor la medida en el 2018, debería haber proporcionado 2.000 pisos protegidos pero que, en cambio, sólo hay 23, mientras que el ritmo de construcción en la ciudad "ha caído en picado".