Hasta ahora, la Generalitat no se había pronunciado sobre el señalamiento de una familia en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) por pedir clases en castellano en un aula de P5. Y, cuando lo ha hecho, no ha sido en ningún momento para dar ni una sola brizna de apoyo o protección al niño, que ha sido objeto de una dura campaña de linchamiento en redes sociales y amenazas. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, se limitó ayer a decir que el Govern estará siempre en contra de cualquier acción de violencia (sin condenar los ataques contra el alumno), aunque quiso dejar claro su rechazo al recurso presentado por la familia del niño para que se impartan clases en castellano en su aula.

«Creemos que es una vulneración flagrante del derecho de los alumnos del centro que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto. Es sorprendente», aseveró Plaja, que, después, quiso también decir que no quieren poner «el foco sobre una escuela concreto» para evitar señalamientos. En este sentido, cabe decir que, desde el jueves, esta familia está siendo objeto de una dura campaña por parte del separatismo: un grupo de padres de la misma escuela ha creado una cuenta de Twitter desde la que promueven acciones en contra de la aplicación de la medida (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado cautelarmente que se impartan un 25% de clases en castellano) y no descartan no llevar a sus hijos a las clases que se impartan en castellano.

Asimismo, también desde el separatismo radical se ha promovido ir a casa de la familia a lanzarle piedras. Estas amenazas han impulsado a entidades, como la Asociación por una Escuela Bilingüe, a pedir a la Fiscalía que abra una investigación.

Plaja, lejos de tratar de rebajar tensiones en un caso muy delicado, se preocupó esencialmente por evitar generar ningún ápice de malestar en asociaciones de defensa del catalán (muy temidas en los partidos independentistas y que tienen mucha influencia sobre la acción gubernamental), como Plataforma per la Llengüa, y exculpó explícitamente al Govern de que la sentencia se tenga que aplicar porque va dirigida al centro y no a la Conselleria de Educación.

En paralelo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha vuelto a mover ficha ante las reiteradas polémicas por la política lingüística del Govern y ha denunciado ante la Fiscalía una encuesta elaborada por el Síndic de Greuges -el equivalente al defensor del pueblo catalán- en colaboración con el departamento de Educación para realizar a los escolares de hasta 3.000 centros con el fin de fiscalizar el uso del castellano sin el permiso necesario de las familias.

Un sondeo que la entidad reclama impedir por la vía judicial ya que «puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho». La polémica surgió la semana pasada coincidiendo con el aval del Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordena impartir un 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán. En este marco se conoció un sondeo de la Generalitat y el citado Síndic de Greuges, que trasladaron a los colegios y les instaron a realizar entre sus alumnos de quinto de Primaria (10-11 años) y tercero de la ESO (14-15 años) para conocer el uso del catalán y el castellano en las aulas, en las familias y también entre el profesorado.

Y es que al margen de una batería de preguntas personales –¿Cuál es tu lengua?¿Qué lengua hablaste primero en casa? ¿Cuál es la lengua que hablas con tu padre y/o con tu madre? o ¿Cuál es la lengua que utilizas habitualmente?– el sondeo también pregunta sobre el idioma que utilizan los docentes del centro asignatura por asignatura. Es más, pide a los menores que digan si en la materia se usa solo el catalán, más el catalán que el castellano, ambas lenguas por igual, más castellano que el catalán, solo el castellano o inglés u otras lenguas.

Para la AEB, esta encuesta «carece de utilidad formativa» y no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009).