La segregación de los alumnos vulnerables se enquista en Cataluña

Cataluña tenía en el curso 2019-2020 un total de 420 centros escolares considerados segregados, 20 más que en el 2014-2015, según un estudio de la Fundació Bofill, que ha acusado al Govern de “agravar” la distribución del alumnado vulnerable.

En un acto este miércoles, el director de la entidad, Ismael Palacín, y la autora del estudio, María Segurola, han detallado que en dicho curso 74 de los 123 municipios de más de 10.000 habitantes tenía algún centro de este tipo (los que tienen más de un 50% de alumnado extranjero del que le tocaría por la composición de su entorno): eran 305 de primaria (el 20% del total) y 115 de secundaria (el 13% del total).

Además han explicado que el 83% de los centros considerados segregados recibe “un exceso” de alumnos vulnerables durante el curso (la llamada matrícula viva) que aumenta su nivel de complejidad.

Así, uno de cada tres alumnos de matrícula viva se asigna a centros segregados, y un 86% de los municipios que tienen centros de ese tipo en su territorio les envía más alumnos durante el curso que a los centros equilibrados, a menudo porque tienen más vacantes tras “décadas de inacción”, según Palacín, en la lucha contra la segregación.

Segurola han incidido en la importancia de la detección del alumnado vulnerable en P3, cuando se puede distribuir equilibradamente, algo en lo que hay “mucho margen de mejora” a su juicio, y ha estimado que hay 199.643 alumnos con esa consideración sin detectar y que, por tanto, no pueden acceder a los beneficios derivados.

Por ejemplo, el estudio ha calculado que el 48% de los centros segregados no tiene alumnado vulnerable detectado en P3, y que la distribución de la detección es irregular según el territorio: fluctúa entre el 17% detectado en la Catalunya Central (Barcelona) y el 2% en las Terres de l’Ebre (Tarragona), ambas cifras en primaria.

Todo ello, según Segurola, tiene afectaciones al rendimiento escolar, la trayectoria vital, a la cohesión social de un territorio y no se consigue el retorno económico de la inversión depositada en la educación; Palacín también ha lamentado las “bajas expectativas” con las que se parte de base con el alumnado vulnerable.

Por ello, han pedido que la conselleria de Educación distribuya la matrícula viva en función de la complejidad y no de las vacantes, y, de hecho, que se “bloqueen” todas las plazas vacías en los centros complejos para que no se llenen con alumnado vulnerable durante el curso y programar tantas plazas como menores haya en una zona, para conseguir cero vacantes.

Además han exigido mejorar la detección de cara a distribuir equilibradamente el alumnado vulnerable en la preinscripción del próximo curso, ya que según otros estudios hay cerca de un 30% de menores en riesgo de pobreza, cosa que no se ve reflejada en la detección.

En este sentido, la Fundació Bofill ha recomendado fijarse en las familias atendidas por Servicios Sociales, que reciben algún tipo de prestación, o en los menores con algún hermano ya detectado.

Por último, han pedido que la Conselleria haga “acompañamiento intensivo” a los Servicios Territoriales con menores tasas de detección y que la Inspección educativa evite negligencias e imponga las amonestaciones pertinentes.

Cataluña fue pionera en aprobar un pacto contra la segregación escolar, en 2019, y un decreto para combatirla, en 2021, pero ahora falta que se lleven a la práctica las políticas para conseguirlo. En los últimos cinco años, y pese a los compromisos políticos, la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros no solo se ha enquistado, sino que ha aumentado, según un estudio hecho público este jueves por la Fundació Jaume Bofill.

El informe analiza el reparto desigual del alumnado vulnerable socioeconómicamente –el de origen migrante y el de hogares en riesgo de pobreza– durante el curso 2019/2020 en todas las escuelas e institutos de Cataluña. De este modo, detecta que existen 420 centros considerados segregados, 20 más que en el curso 2014-2015. “Este dato es muy grave, especialmente porque sabemos que tenemos hoy más instrumentos para combatir la segregación”, ha valorado Maria Segurola, la autora del estudio. Por escuela segregada se entiende, según la fórmula empleada por la Fundación Jaume Bofill, aquella que tiene un 50% más (o menos) de alumnado en riesgo de exclusión del que les tocaría por su entorno.

El balance del informe sobre segregación es que, a la espera de que el decreto aprobado por la Generalitat en febrero de 2021 tenga efecto sobre el reparto de las matriculaciones, de momento muchos de los mecanismos ya existentes no están funcionando para evitar que los alumnos pobres acaben siempre en los mismos colegios.