Una cincuentena de personas bloquean la sede de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona para denunciar el papel de las instituciones europeas ante la “represión española” coincidiendo con la cumbre del Consejo Europeo. Según exponen en un manifiesto, denuncian la situación de los presos políticos, los exiliados y “las más de 3.000 personas perseguidas por el sistema judicial español por motivos políticos”. Además, denuncian que con la aprobación del suplicatorio de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín se abandonaron “los valores de libertad, paz y defensa de derechos fundamentales que hasta ahora representaba la UE”.

En 2019 hubo en el mismo sitio otro ataque independentista. Un grupo de individuos sin identificar lanzó pintura amarilla contra la sede de la Comisión Europea en Barcelona. Los hechos sucedieron días antes de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de no dejar acceder a Puigdemont y Comín en el pleno constitutivo del Parlamento Europeo el 2 de julio en Estrasburgo.

Con las declaraciones del ex mandatario catalán huido a Waterloo atacando a la Unión Europea por considerar que “necesita un refuerzo democrático” y exigiendo a la Eurocámara que corrija “la deriva de represión”, se suscitó cierto alarmismo por si se perpetran otras acciones contra edificioes europeos. Desde la sede de la avenida paseo de Gracia explicaron en ese momento que “hace un semana” que están y que “todavía no las han borrado”.

La decisión de la justicia europea sumado a la elección del ex ministro de Exteriores Josep Borrell como nuevo alto representante de la diplomacia europea representó dos varapalos consecutivos para los intereses de Puigdemont y su equipo de abogados.

Este pasado mes de febrero, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronunció a favor de levantar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. En una votación realizada esta tarde, la petición se ha aceptado por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En el debate que tuvo lugar el día antes en esta comisión, siempre a puerta cerrada, ya se perfilaron las posiciones de los grandes grupos favorables a concederlo, y en el terreno del no se situaron verdes, la izquierda unitaria y la extrema derecha.

De esta manera, al suplicatorio solo le falta un último paso, que será el decisivo, su voto en el pleno. La decisión adoptada por la comisión de Asuntos Jurídicos se trasladó entonces a la sesión plenaria.

El informe presentado por el ponente, el búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo ECR, era favorable a conceder el suplicatorio, ya que considera que los hechos de los que se acusa a Puigdemont, Comín y Ponsatí se produjeron antes de que fueran eurodiputados, y que no están vinculados con el ejercicio de esta función.

En enero, cuando los tres diputados comparecieron ante la comisión, argumentaron que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para solicitar el suplicatorio, además de señalar que, con esta petición, había una voluntad de perjudicar su actividad política.

Estos suplicatorios se han alargado mucho más de lo habitual por la irrupción de la pandemia, que paralizó inicialmente los trabajos del parlamento y posteriormente limitó en gran manera las sesiones que deben llevarse a cabo a puerta cerrada, con garantías de confidencialidad, como son las de la comisión de Asuntos Jurídicos. De esta manera, unos procedimientos que se iniciaron en enero de 2020 se activaron solo en noviembre. A partir de entonces, en cuatro sesiones consecutivas de la comisión, para presentar el caso, escuchar a los afectados, debatir el informe del ponente y votarlo, se ha llegado hoy a este resultado.