Empieza una semana de vértigo político en Cataluña, la enésima desde el inicio del «procés», con la fecha límite del viernes para la investidura y un avance significativo en las últimas horas: ERC y la CUP hicieron público a última hora de este domingo un preacuerdo para aupar al republicano Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat. Un elemento de presión más hacia Junts, socio imprescindible en el independentismo y compañero de trifulcas eternas en el seno de la Generalitat.

Ahora, la pelota está en el tejado de Carles Puigdemont y Laura Borràs: sus 32 diputados son decisivos en el independentismo y la presidenta del Parlament atesora el reloj para convocar o no el pleno de investidura tras una ronda de contactos que deberá iniciar en las próximas horas. De ratificarse internamente el preacuerdo –los resultados de la CUP no se sabrán hasta el jueves, horas antes de que termine el plazo–, Aragonès ya tendría sus 33 votos más los 9 de la CUP, en total 42, lejos de los 68 de la mayoría absoluta.

Y es que el penúltimo giro de guion llegó este domingo con un pacto sorpresa entre republicanos y antisistema para la investidura, el inicio de legislatura y su «estabilidad» que incluye dos elementos destacados: suprimir el uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos d’Esquadra mientras no se aborda en el Parlament un cambio en el modelo de seguridad; y «preparar» la celebración de un referéndum de autodeterminación. Eso sí, en el texto publicado -no el preacuerdo en su totalidad- en ningún momento se habla de la entrada o no de la CUP en el Ejecutivo.

“Un nuevo embate”

Ambos partidos sí se comprometen a trabajar y tener a punto «las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo embate democrático, preferentemente en forma de referéndum» aunque matizan que, mientras, sigue vigente «la apuesta de Esquerra» por «la negociación para resolver democráticamente el conflicto de Cataluña con el Estado». De hecho, el texto no menciona la vía unilateral aunque sí el “embate”, como exige la CUP. Por tanto y con este último punto, los republicanos logran el difícil equilibrio de mantener su mano tendida al Ejecutivo de Pedro Sánchez y acordar a su vez un nuevo órdago contra el Estado y a favor de la autodeterminación con los antisistema. Una ecuación que no tiene un límite temporal concreto más allá de la presente legislatura.

En el preacuerdo, ERC y la CUP subrayan su carácter «independentista y de izquierdas» –un mensaje que llevan repitiendo desde el 14-F con la vista puesta en Junts– y destacan otras dos medidas concretas: impulsar «una agenda legislativa catalana en materia de vivienda» e invertir un mínimo del 25% del presupuesto de sanidad en la atención primaria para dar respuesta a la pandemia de coronavirus. Dos iniciativas de corte social que ambas formaciones llevan trabajando desde hace semanas.

Pendiente de ratificar por los respectivos órganos internos de ERC y la CUP, lo cierto es que este preacuerdo supone de facto un elemento de presión hacia Junts y Puigdemont. Y aquí el diagnóstico del resultado de las elecciones es clave para entender el momento actual y la ascendencia de cada actor en las negociaciones. En Esquerra entienden que se impusieron en las urnas en su particular lucha contra Junts –33 escaños a 32– y reclaman lo mismo que ocurrió en 2017 pero a la inversa: facilitar un Govern independentista con la presidencia para Pere Aragonès igual que ha ocurrido en el Parlament con Laura Borràs. En cambio, en Junts califican el resultado de las urnas de «empate técnico» –término que acuñó el propio Puigdemont hace una semana en una entrevista en el diario catalán «El Punt Avui»– y reclaman su cuota de influencia.

Junts exige poder para Puigdemont

En concreto, los postconvergentes exigen más poder de decisión y un papel predominante para el Consell per la República, un ente privado que preside Puigdemont desde Waterloo y que nació como altavoz del «procés» en el plano internacional. Un aspecto que los republicanos rechazan al apostar por un nuevo órgano en el que estén partidos y entidades.

Y es que, al contrario de lo ocurrido con la CUP, las negociaciones entre ERC y Junts siguen estancadas y avanzan, pero muy lentamente. Otra de las carpetas por abrir es la formación del Govern: según el pacto no escrito de la anterior legislatura, tras la presidencia de Pere Aragonès la vicepresidencia sería para Junts -con todas las miradas puestas en Elsa Artadi, persona de la confianza de Puigdemont- y las carteras más sociales. En duda está el departamento de Economía, que los republicanos se resisten a ceder dada su influencia por la gestión de las ayudas de los fondos europeos, y el de Exteriores.

El reloj de la investidura lo atesora Laura Borràs, quien debe concretar ya una ronda de contactos con los distintos grupos y fijar el pleno del viernes. Salvador Illa sigue con su presión y le trasladará su intención de postularse, aunque la postconvergente ya frenó su candidatura al recordar que sólo convocará si hay un candidato con apoyos suficientes para ser investido con la vista puesta también en ERC.