Planea una nueva etapa de parálisis política en Cataluña cinco semanas después de las elecciones del 14 de febrero, con el independentismo a la greña por sus luchas internas de poder, las negociaciones estancadas a seis días de que venza el plazo para convocar el pleno de investidura del president de la Generalitat y la candidatura de Salvador Illa (PSC) frenada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), quien ayer se reunió con el empresariado catalán –con las patronales Fomento del Trabajo y Pimec– y escuchó en boca de Josep Sánchez Llibre una nueva advertencia: «Sería una irresponsabilidad» que en Cataluña no se acabara formando gobierno.

En concreto, los empresarios piden un cambio de rumbo, un Ejecutivo «estable, solvente y fuerte», reclamación que contrasta con el inestable e incierto horizonte político, con las negociaciones enquistadas entre ERC, Junts y la CUP. Las pugnas son múltiples, aunque no se descarta en absoluto un acuerdo «in extremis» para la Generalitat pese a las desavenencias entre socios.

Eso sí, Borràs, decidida a convertir la cámara en un nuevo escenario de confrontación política, estudia una argucia en caso de que el independentismo no logre un pacto para aupar a Pere Aragonès (Esquerra) al Palau de la Generalitat antes del viernes, día límite que fija la ley: la posibilidad de no convocar el pleno de investidura con el pretexto de que no hay candidato con apoyos suficientes y amparándose en un informe jurídico de los letrados a raíz de la inhabilitación de Quim Torra.

Con esta maniobra, además de presionar a ERC, Borràs lograría dos objetivos: evitar que el independentismo escenificara públicamente su fracaso en el Parlament por la incapacidad de no haber llegado a un acuerdo a tiempo y en plena crisis económica y social; y cerrar el paso a Salvador Illa y a su reiterada voluntad de optar a la presidencia de la Generalitat para desmarcarse así de la fallida gestión de la victoria lograda por Inés Arrimadas (Cs) en 2017, cuando ni optó a presidir el Govern.

Borràs así lo dejó entrever el jueves después de visitar a los líderes independentistas condenados por el 1-O en la cárcel, uno de sus primeros desplazamientos como presidenta del Parlament: sobre si el debate de investidura se podrá celebrar el 26 de marzo, constató que el reglamento indica «que debería poderse hacer si hay un candidato que disponga» del apoyo suficiente para ser investido presidente de la Generalitat. «En el caso de que haya este apoyo para uno de los candidato, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento», aseguró dejando en el aire la celebración de la investidura y supenditándola a los apoyos conseguidos.

De llegar a este extremo, Borràs debería comunicarlo en el pleno en un “acto equivalente” para poner en marcha el reloj y activar un plazo de dos meses en el que se podrían celebrar varios intentos de investidura.

La réplica de Illa

Salvador Illa, nuevo líder del socialismo en el endiablado tablero político catalán, salió ayer al paso, confirmó su voluntad de optar a la investidura pese a contar solo, y de momento, con los votos del PSC a la espera de los comunes, y avisó a Borràs de que tendrá que «justificar sus decisiones» con respecto a la propuesta o no de un candidato para el debate. La presidenta del Parlament atesora ahora el reloj de la legislatura y deberá abrir esta semana que viene una ronda de consultas después de escudarse en que aún no estaban todos los grupos parlamentarios constituidos –en alusión a ERC– para justificar que todavía no había empezado.

Ayer, los republicanos oficializaron su alineación con Josep Maria Jové y Marta Vilalta al frente de la cámara, un paso que obliga a Borràs a fijar la ronda prometida. De hecho, el amago de bloqueo de Borràs también sirve para apremiar a ERC, que ya ha replicado.

El papel de Junts y Puigdemont

Y es que todo esto es causa y consecuencia de la dificultad del independentismo para atar un pacto de gobierno que se antoja repleto de obstáculos. Las negociaciones entre Esquerra, la CUP y Junts avanzan, pero lo hacen muy lentamente y con distintas batallas por resolver: los republicanos han abordado con los antisistema varias cuestiones programáticas, aunque la CUP asegura que la respuesta de ERC aún es «muy abstracta» y la de Junts es inexistente. Los antisistema se citaron con Oriol Junqueras y la semana que viene se trasladarán hasta Waterloo para hacer lo mismo con Puigdemont.

En paralelo, la formación de Aragonès mantiene negociaciones con Junts, aunque las discrepancias afloran en el seno de los postconvergentes por la actitud a adoptar y las áreas a ocupar, con varios puestos clave como la vicepresidencia o Economía. Otro de los grandes escollos es precisamente el papel reservado para el denominado Consell per la República, el organismo que preside el propio Puigdemont para poner altavoz al procés en el plano internacional. Junts quiere más poder y ERC lo rechaza con la CUP en medio.