La sombra de la corrupción persigue al partido de Puigdemont rumbo a las elecciones

Carles Puigdemont ha tratado de construir un nuevo espacio político a su imagen y semejanza, donde poder establecer un liderazgo incontestable y con el que intentar desprenderse del pasado convergente. Mientras sí ha conseguido hacerse con un poder prácticamente indiscutible y ha desterrado el “peix al cove” -la tradición de pacto con el Gobierno en Madrid a cambio de cesiones autonómicas-, no ha podido terminar con la sombra de la corrupción, que vuelve a perseguir, con casos del pasado y el de Laura Borràs, a su partido en plena carrera electoral en Cataluña.

Más aún si cabe en un momento en el que Esquerra no va a tener miramientos en medio de la guerra a cara descubierta que están librando por la hegemonía del independentismo. El último intercambio de golpes entre ambas formaciones ha tenido como origen la caótica gestión de las residencias durante la crisis del coronavirus y puede tener consecuencias sobre una hipotética creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre las presuntas irregularidades de Laura Borràs, diputada de JxCat y cercana a Puigdemont -ha estado en las quinielas como sucesora como candidata a la Generalitat-, cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Los republicanos evitan por ahora dar concreciones sobre qué postura tomarían en caso de que se creara una comisión de investigación, pero son conscientes de que tienen una oportunidad para contraatacar a JxCat. De momento, la CUP es el partido que ha tomado la iniciativa sobre este asunto y ya ha solicitado información al respecto después de que la Sindicatura de Cuentas publicara recientemente un informe que podría apuntalar los indicios sobre presuntas irregularidades. La diputada neoconvergente, investigada por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, habría fraccionado y adjudicado a dedo contratos públicos.

También el Tribunal Supremo tiene en sus manos abrir otra causa contra Puigdemont -además de la del “procés”- por un supuesto fraude en la compra de obras de arte con fondos públicos de la empresa de gestión del agua (Agissa) en 2014, durante su etapa como alcalde de Girona. En el origen está una denuncia de la CUP. Se le imputan presuntos delitos de falsedad, fraude a la Administración y prevaricación. El juzgado de instrucción número 2 de Girona remitió la exposición razonada el pasado 5 de marzo al TS, pero, debido a la crisis del coronavirus, los plazos procesales han quedado suspendidos.

El Alto Tribunal también ha confirmado recientemente la condena del caso Palau y ha impuesto a Convergència el pago de 6,6 millones de euros por financiación irregular. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado ya el ingreso en prisión de Félix Millet, Jordi Montull y Daniel Osácar. Este caso ha llegado a su fin bajo un manto de silencio tanto de Puigdemont como de Quim Torra, pese a que la marca con la que concurrieron a las elecciones catalanas (JxCat) es una coalición formada por Convergència y el PDeCat.

Mientras el caso Palau ha concluido, todavía quedan pendientes otros dos casos de máxima relevancia por resolver: el caso del 3% -cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública-, que ha entrado en la recta final, y el caso Pujol -origen de la fortuna oculta en el extranjero del expresident de la Generalitat-, que se alargará hasta el año que viene.

La corrupción, por tanto, amenaza con convertirse en un arma electoral para ERC, que tampoco ha dudado ya en los últimos meses en atacar por este flanco. El propio Gabriel Rufián reprochó en enero a TV3 por entrevistar a Jordi Pujol para abordar la “cooperación al desarrollo” en lugar de hablar sobre el 3%.

Su mensaje irritó a la diputada de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, que respondió.

Las elecciones todavía están sin determinar, pero podrían irse a otoño, ya que JxCat no tiene prisa en convocarlas -para tratar de mejorar sus expectativas electorales- y la crisis del coronavirus podría dar tiempo a Torra y retrasar su inhabilitación.