Borràs adjudicó 70.315 euros en un mes a su amigo en cuatro contratos

El fraccionamiento supuestamente irregular de los contratos adjudicados por Laura Borràs a su amigo Isaías Herrero –cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) de la Generalitat– vivió su punto álgido en junio y julio de 2015, un mes frenético en el que en apenas un mes, entre el 12 de junio y el 15 de julio, se adjudicaron al programador informático y entonces profesor de la Universidad de Barcelona –en un área dirigida por la ahora diputada de JxCat– 70.315 euros correspondientes a cuatro contratos menores. Es decir, más de una cuarta parte de los 259.863 euros adjudicados a Herrero de forma irregular, según la juez de Barcelona Silvia López Mejía, entre marzo de 2103 y febrero de 2017.

Este es uno de los indicios «relevantes» que pone de manifiesto la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la ciudad condal en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo –adelantada por LA RAZÓN el pasado miércoles– para solicitar que se investigue a la diputada soberanista por prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental.

En esa resolución, la instructora de la causa –que investiga a Borràs desde julio del pasado año– reseña que esos 70.000 euros son una cantidad «muy elevada para un trabajador autónomo que ejerza su trabajo él solo», aunque pudiese haber subcontratado algunos trabajos o recurrido a otros profesionales para llevar a cabo esas tareas de programación informática de la web de la institución.

Para la magistrada Borràs, Herrero y el resto de investigados «actuaron fraccionando ilícitamente el objeto de los contratos a adjudicar con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación previstos legalmente».

En uno de los correos incorporados a la exposición razonada, Herrero tranquiliza a otro de los investigados sobre los conceptos y precios a reseñar en las facturas que había que remitir a la ILC y le dice «que no haga caso porque no son ni orientativos ya que se trata de hacer facturas para poder cobrar lo que es un contrato anual encubierto de trabajo en la institución».

«Fraccionamiento ilegal»

La magistrada de Barcelona asegura al Tribunal Supremo que la diputada de JxCat «conocía perfectamente» que, aunque legalmente no se exigía la presentación de tres presupuestos al tramitar esos expedientes de contratos menores, la Conselleria de Cultura lo venía exigiendo para resolver la adjudicación «a favor del más beneficioso económicamente». Pero la presentación de esas tres ofertas (dos de las cuales eran ficticias y estaban falsificadas según la juez) permitía a su vez «el fraccionamiento ilegal» de esos contratos y su adjudicación, directa o indirectamente, a Herrero, «vulnerándose así los principios de igualdad y transparencia».

El 22 de marzo de 2013, tras informar Borràs a Herrero de la reducción del presupuesto anual con el que contaba de 64.000 a 50.000 euros, lo que obliga a «una redistribución de las tareas», le dice que ha «modificado conceptos» y le pide que lo revise por si ha cometido algún «disparate». Su amigo le contesta en otro correo que esos presupuestos «se tendrían que pasar a pdf, sobre todo si los entregas tú misma, para que no dé la sensación de que pueden haber sido manipulados».