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Economía
La Junta, pionera en aplicar el sistema de costes simplificados en la tramitación de ayudas de I+D para agilizar la gestión administrativa
La aplicación del sistema de costes simplificados reducirá los plazos del cobro de la ayuda y los procedimientos de justificación de gastos en las subvenciones

Castilla y León es la primera comunidad autónoma que implementará el sistema de simplificación en la tramitación de ayudas y en los procedimientos de justificación. Esto supondrá una importante simplificación administrativa al reducir los plazos para el cobro de las ayudas y la tramitación de justificación de gastos, ya que se tendrá en cuenta, únicamente, la variable de horas trabajadas.
Los primeros proyectos que se beneficiarán de este cambio serán los relativos a I+D y en breve será también de aplicación en Planes Estratégicos y Centros Tecnológicos.
La opción de costes simplificados supone un cambio con respecto al sistema tradicional de justificación de subvenciones. En lugar de reembolsar costes reales efectuados por el beneficiario con la presentación de los justificantes de gasto, el importe ha sido previamente calculado con un método predefinido basado en un módulo unitario que resume todos los conceptos de gasto diferentes de un proyecto (gastos de personal, amortizaciones, contrataciones externas, gastos generales).
El presupuesto del proyecto se obtendrá, por tanto, de multiplicar las horas trabajadas, por el BECU (Baremo estándar de coste unitario). Con este nuevo sistema, ya no se requiere la presentación de nóminas, facturas, pagos, contabilidad, que hacían tedioso el procedimiento.
Hace tres años Castilla y León participó, junto con Galicia, en un estudio piloto para la implementación de la opción de costes simplificados en proyectos de I+D+I del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL). El estudio fue dirigido por la DG-Regio, de la Comisión Europea, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y la Función Pública y concluyó que esta opción es la que tiene mayor impacto en la disminución efectiva de los plazos de gestión y pago al beneficiario.
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