Las Cortes de Castilla y León rechazan el "privilegio" de repartir el impuesto a la banca en función del PIB

Las Cortes de Castilla y León rechazaron la distribución de la recaudación del gravamen a las entidades financieras, unos 1.720 millones de euros, en función del Producto Interior Bruto (PIB) de cada territorio, algo que se interpretó como un “privilegio”, y no mediante el criterio de población ajustada del modelo de financiación autonómica.

La Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular fue respaldada por Vox, UPL-Soria YA y Por Ávila, mientras los socialistas y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se abstuvieron.

En la presentación de la iniciativa, la procuradora popular Mercedes Cófreces planteó que la Junta se dirija al Gobierno de España para que de manera "imprescindible" el reparto de la recaudación de cualquier nuevo tributo se realice en base a los criterios vigentes en el sistema de financiación autonómica, que la negociación se realice de forma multilateral con todas ellas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se rechace lo previsto en la última reforma fiscal en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre.

En ese sentido, la procuradora del PP denunció el “perjuicio” que se causa a la Comunidad y la “amenaza” a todos los españoles que supone la distribución en función del Producto Interior Bruto (PIB), porque supone un 18 por ciento menos que si se hace por población ajustada. En su opinión, este “curioso” criterio beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las que menos tienen.

“Necesitamos defender y alzar la voz para que los ciudadanos de Castilla y León sean iguales que los catalanes o los de otras comunidades”, dijo, porque criticó que se aplique una reforma fiscal sin acuerdo de las comunidades e invitó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a que defienda el principio de igualdad entre españoles en la próxima Conferencia de Presidentes.

Por el contrario, la socialista Rosa Rubio aseguró que la Junta distribuye la contribución fiscal por PIB, de forma que los más ricos tienen más beneficios fiscales, y defendió que el sistema de financiación exija corresponsabilidad fiscal y no permita las bajadas de impuestos a los que más tienen. A su juicio, los populares no tienen un modelo propio sino que se rendirán al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que defendió la política del Gobierno que ha logrado reducir el déficit y la deuda y al mismo tiempo fortalecer los servicios públicos, informa Ical.

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca calificó a los ‘populares’ de “panda de demagogos” porque mientras critican la política impositiva de la izquierda mantienen su “taifa autonómica” a costa del “infierno fiscal” del socialismo. “No tienen modelo alternativo sólo le preocupa como distribuirse el botín”, dijo, para criticar el modelo autonómico que ha dado “alas” a los que pretenden acabar con España.

“Cómo hemos cambiado y en qué poco tiempo”, dijo Mercedes Cófreces a Vox por su “crítica feroz” y les preguntó cuándo decían la verdad, cuando estaban en la Junta o ahora. Por ello, les pidió que no blanqueen la política del PSOE y pidió una defensa unánime de los castellanos y leoneses, que no son ciudadanos “de segunda”, al tiempo que criticó el “populismo” y “engaño” de los socialistas.

En el día de “Santa Bárbara”, la procuradora de Soria YA Vanessa García Macarrón pidió no acordarse de ella sólo cuando truena, por lo que rechazó los “privilegios” concedidos a algunas comunidades, lo que aclaró no tiene nada que ver con la financiación diferenciada que piden para su provincia. Además, defendió una igualdad de trato fiscal y pidió que no se convierta en un “motor de desigualdad”, sino para la cohesión.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, apoyó el texto y consideró “fundamental” definir de forma adecuada los tributos y que se haga de forma “equitativa” y “justa”. Además, pidió actuar con “determinación” para que los cambios se hagan por la vía “multilateral”.

Cuenca del Duero

Por otra parte, el Parlamento autonómico aprobó otra PNL del Grupo Popular con los votos de Vox y Por Ávila, frente a la abstención de PSOE, UPL-Soria YA y Podemos, para ampliar la capacidad de regulación en la cuenca del Duero mediante la construcción de embalses o balsas con el fin de impulsar los regadíos o para hacer frente a fenómenos como el ocurrido hace algo más de un mes en Valencia que se cobró más de 200 vidas.

La iniciativa insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se adopten las medidas necesarias para mejorar la capacidad de regulación de la cuenca del Duero. Todo ello, recoge la propuesta de resolución, teniendo en cuenta los informes, alegaciones y propuestas formuladas desde la Junta con el objetivo de alcanzar un mayor porcentaje de regadío en la Comunidad.

La procuradora popular Lorena de la Fuente defendió las propuestas planteadas por la Junta en un estudio, elaborado en colaboración con Ferduero, para aumentar los recursos hídricos y, en concreto, las capacidades de regulación en los sistemas del Órbigo, el Carrión y el Cega. Estos proyectos, lamentó, no se han tenido en cuenta por el Gobierno para afrontar periodos de sequía o fenómenos como el sufrido en Valencia.

La parlamentaria señaló que la del Duero es la cuenca con peor regulación, en torno a un 30 por ciento de los recursos existentes. Para ello, defendió la necesidad de nuevos embalses o recrecidos de los existentes, así como de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de recargas artificiales, trasvases de agua o de soluciones de áreas de compensación ecológica, gran plan nacional ambicioso para el Duero. “No a derribar presas”, dijo frente al “ecologismo de despacho” del Gobierno: “Transición hidrológica, no ecológica”.

Por su parte, el socialista Miguel Hernández Alcojor aludió a cuestiones técnicas y no ideológicas la situación de los diferentes proyectos, que en algunos se están redactando. Su formación, aseguró, está comprometida con el Plan Hidrológico, pero defendió hacerlo con “seriedad” y “coherencia” al tiempo que pidió a la Junta que “no obstaculice” o “retrase” expedientes, como hace con 17 referidos a modernización de regadíos que Seiasa lleva esperando año y medio a que se suscriban, denunció.

En nombre de Vox, María Luisa Calvo planteó una enmienda de sustitución y pidió un plan hidrológico nacional frente al enfrentamiento entre territorios por el agua, así como un plan de impulso de los regadíos porque fijan población en el territorio. Además, señaló que la construcción de presas son un “excelente” elemento para acumular energía.

Finalmente, el procurador de UPL José Ramón García cuestionó la iniciativa, pese a apoyar la modernización del regadío, pero apuntó que no pueden permitir que sea a costa del “sacrificio” de la Región Leonesa, que acumula el 85 por ciento del agua embalsada de la Comunidad, sin que a su juicio le haya aportado “nada”. “Regadíos sí, pero no así”, apostilló, para exigir que se concreten los proyectos para evitar sorpresas “desagradables”.