Buenas noticias para aquellas personas que están en riesgo de quedarse sin hogar en el que cobijarse.

Y es que según ha anunciado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la Junta va a destinar dos millones de euros en ayudas para Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras que se dirigirán al pago del alquiler a personas “en peligro de sinhogarismo”.

Durante una Jornada sobre exclusión residencial organizada por el Gobierno regional y el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, se advertía de que el riesgo a sinhogarismo, es decir, a no disponer de una vivienda digna, tiene rostro de mujer y de menor en Castilla y León, en un problema que es "difícil de erradicar", según alertaban Cruz Roja, Cáritas y Fundación Intras.

Desde Cáritas, su director en Valladolid, Guenter Boelhoff, ha relatado la "gran vulnerabilidad" que supone para una persona o una familia no disponer de una vivienda digna donde "desarrollarse o atender sus necesidades básicas de higiene y alimentación".

Una situación de riesgo que siempre se ve agravada en un contexto de "precariedad laboral o desempleo": "Tener una vivienda segura hace que las personas tengan más facilidad de salir adelante", ha indicado el director de Cáritas.

Asimismo, ha expresado que la falta de vivienda hace que se "estropee el ascensor social", ya que el no poder cubrir este bien básico y esencial hace que el resto de necesidades queden relegadas.

El secretario autonómico de Cruz Roja, Carlos Santos, ha explicado en declaraciones a los medios lo "complicado" que es erradicar en su totalidad el problema del sinhogarismo, que responde a "múltiples factores", entre ellos, la exclusión social, la falta de oportunidades o el desempleo.

Finalmente, desde la Fundación Intras han puesto el foco en la situación de problemas de salud mental que va ligado en muchas ocasiones a la situación de sinhogarismo y que supone un "elemento clave, junto al empleo, en los procesos de recuperación", pues dota de la estabilidad social y personal que estas personas requieren.

Por su parte, el consejero daba cuenta también de todas las iniciativas con las que cuenta su departamento.

Entre ellas, la línea más específica que reciben Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras, que el año pasado contaron con 605.000 euros para alojar a esas personas en riesgo de no tener hogar.

Unos apoyos que se ampliarán a dos millones y que representan una ayuda para pagar a estas personas el 100 por ciento de la renta mensual, con un límite de 600 euros, y la totalidad de los gastos que conlleva la vivienda hasta 200 euros.

El consejero destacaba que la vivienda es algo “imprescindible” para un proyecto de vida pero en el caso de las personas en exclusión social, “es algo más, es la base fundamental para su integración y poder consolidar una vida digna”.

Suárez-Quiñones recordaba también los 41 millones en ayudas al alquiler resueltas este me, de los cuales 12,6 millones se dirigen a jóvenes.

Otros de los programas existentes es el que se dirige a personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos del 20 por ciento y el coste del alquiler y de la vivienda les supone más del 30 por ciento de sus rentas. En este caso cuentan también con ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o nulidad.

El consejero destacaba al respecto que el 43 por ciento de las ayudas al alquiler va a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales.

“En conjunto, las ayudas al alquiler van dirigidas en general a personas con pocos recursos y muy especialmente a distintos sectores estatificados de vulnerabilidad residencial”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

A estos apoyos hay que sumar también, las actuaciones de rehabilitación en favor de personas vulnerables, en los barrios más desfavorecidos, como las obras en áreas de regeneración urbana. Al respecto, la Junta dispone de 166 millones de fondos europeos en esta materia, y en estos años, según recordaba el consejero, invertirá en torno a 500 millones en rehabilitación para “dar accesibilidad, eficiencia energética, más dignidad, seguridad a las viviendas y, por tanto, a las zonas especialmente vulnerables”.

Suárez-Quiñones ponía en valor también que el parque público de alquiler social sigue creciendo y pasará de 2.600 a 4.500 viviendas al final de la legislatura, con el objetivo de dar solución a situaciones de exclusión o riesgo, asignando viviendas a unos precios “testimoniales”.

“En definitiva, hablamos de una política de vivienda de la Junta de Castilla y León que en esta legislatura va a mover 719 millones de euros”, destacaba.

Por su parte, el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, exponía que para esta institución propia la vivienda constituye un “asunto prioritario” y apuntó al artículo 47 de la Constitución, donde se recoge como un derecho de todos.

“Habla del derecho a una vivienda digna y adecuada en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, muy conectado con el artículo 92 de la Constitución, que pone de relieve ese mandato a los poderes públicos de garantizar que la igualdad, la libertad de los individuos sean reales y efectivas”, apuntaba.

Finalmente, trasladaba además que se trata de un “derecho multiplicador” que evita la exclusión social, porque, razonó, “supone la plataforma” para el ejercicio de otros muchos, desde la libertad a la educación. “Estamos hablando de un tema crucial, de una de las bases, de los fundamentos de nuestro sistema de Estado social y democrático de derecho”.