Economía
Cientos de empleados públicos de Castilla y León se echan a la calle para que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público
El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, pide corregir las "desigualdades" retributivas en la Administración General del Estado
Cientos de empleados públicos se han vuelto a concentrar hoy ante las subdelegaciones de Castilla y León para que el Gobierno de España negocie la subida salarial y la oferta de empleo público, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.
El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, en la protesta de Valladolid, ha considerado urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, ha asegurado que esta negociación es clave ante la necesidad de corregir las “desigualdades” retributivas en la Administración General del Estados, ya que sus empleados públicos cobran una “media de 8.000 euros menos al año”.
La protesta también ha servido para defender la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Al respecto, Benajmín Castro ha recordado que Muface “viene funcionando desde el año 75” y ha urgido al Ejecutivo central a salir de “su inmovilismo” y “trabajar pensando” en los empleados públicos.
Asimismo ha cifrado en unos 77.000 los funcionarios afectados si desaparece Muface y en 200.000 si a ellos se suman los pensionistas y otros beneficiarios. “Estamos hablando de que una provincia entera como la de León entraría dentro del sistema de Sacyl de un plumazo. Eso es inabarcable, colapsaría el sistema de salud en Castilla y León”, ha alertado.
No obstante, el presidente de CSIF Castilla y León ha advertido de que si se quiere “acabar” con el sistema mutualista, el Gobierno tendrá que hacerlo “de manera pactada” y “con seguridad jurídica”, al tiempo que ha reclamado mejora de las condiciones laborales.
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