El Tribunal Constitucional declara nulo el protocolo de menores migrantes aprobado por el Gobierno canario

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, por unanimidad, anular la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias, aprobada el 10 de septiembre por el Gobierno de Canarias.

Con esta resolución, el TC ha dado parcialmente la razón al recurso presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el protocolo destinado a los menores migrantes elaborado por el Gobierno canario, y ha procedido a anular dicho documento. La mayoría de los magistrados respaldó la propuesta del juez conservador Ricardo Enríquez, quien defendió que la acogida de menores debe considerarse una cuestión de asistencia social, un ámbito en el que no caben interpretaciones ambiguas.

La Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre de 2024, que abordaban la situación de los menores migrantes, así como la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, que establecía el protocolo territorial para la atención de estos menores en Canarias.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulas tanto dicha resolución, que aprobaba en su totalidad el protocolo, como el apartado segundo del acuerdo del 2 de septiembre de 2024, referente a los menores extranjeros no acompañados. No obstante, el tribunal ha decidido salvar los apartados tercero y sexto de dicho acuerdo, que también habían sido objeto de impugnación por parte del Ejecutivo central.

La Corte de Garantías admitió a trámite el recurso el 8 de octubre, momento en el cual también ordenó la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, aunque estos ya habían sido desactivados cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El protocolo impugnado planteaba que, antes de que un menor fuera entregado a las autoridades canarias, se llevara a cabo un proceso previo de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa para asignar o ubicar al menor, todo ello bajo la supervisión del órgano estatal correspondiente. Además, se requería la audiencia del menor en presencia de un intérprete de su lengua materna o de uno que pudiera comprender, con la intervención y conocimiento del fiscal.

Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma debía realizarse en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias, o, en caso de no existir estas comisarías, en los espacios habilitados específicamente para tal fin.

Según la Fiscalía, que trasladó el asunto a la jurisdicción ordinaria el 18 de septiembre, el protocolo propuesto implicaba una "ausencia de atención inmediata" a la evidente situación de desamparo que padecen los menores migrantes que llegan por mar a las costas del archipiélago.

La Fiscalía destacó que este protocolo vulneraba el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, señaló que atentaba contra el derecho a la integridad moral, protegido por el artículo 15 de la Carta Magna.