Ley de dependencia: más de 23.300 personas han muerto en Canarias esperando las ayudas

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia hace 18 años, un total de 23.351 personas han fallecido en Canarias mientras permanecían en lista de espera, según el informe publicado este lunes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

En detalle, 14.201 personas estaban a la espera de la valoración del grado de dependencia, mientras que 9.150 contaban con un grado reconocido pero seguían pendientes de recibir la prestación, encontrándose en el conocido como ‘limbo' de la dependencia.

Canarias lidera la lista de espera en materia de dependencia, concentrando más del 41% de los casos a nivel nacional, mientras que el denominado ‘limbo' aumentará un 18,7% adicional este año.

Mucho tiempo de tramitación

Además, Canarias ocupa el segundo lugar en cuanto al tiempo medio de tramitación de la ley, con 574 días (74 menos que anteriormente), siendo superada únicamente por Andalucía, que registra 618 días.

Respecto al gasto público por persona potencialmente dependiente, en Canarias se encuentra en 932,40 euros, mientras que en términos de gasto por habitante, la comunidad ocupa la última posición entre las comunidades autónomas, con 91,28 euros.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, alrededor de 900.000 personas han fallecido mientras estaban en la lista de espera de dependencia desde la aprobación de la ley hace 18 años.

El informe con motivo del "XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia" destaca que aproximadamente 900.000 personas han fallecido mientras esperaban en las listas desde la aprobación de la ley en 2006, y que 3,6 millones han recibido atención del Sistema de Atención a la Dependencia durante estos 18 años.

El informe también señala que este año se espera que mueran 18.592 personas que aún están a la espera de la resolución de su grado y 17.328 que no han podido acceder a sus derechos. "Esto supone que 98 personas fallecerán al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos)", afirma la asociación, que además agrega que, desde 2017, el número total de fallecimientos en las listas de espera asciende a 388.932.

Tal y como subraya, "después de 18 años de la Ley, el reconocimiento del derecho sigue sin resolverse de manera diligente, con tiempos medios de gestión que en algunas comunidades autónomas superan el año. Más de 93.000 personas han fallecido esperando que se resolviera su grado de dependencia en los últimos cinco años".

En cuanto a las comunidades autónomas, señala que, desde 2017, Cataluña y Andalucía concentran aproximadamente la mitad de los fallecimientos en las listas de espera. Así, señala que "obviamente esto sucede debido al gran número de personas que se encuentran en sus listas de espera y por los tiempos de gestión tan lentos en la tramitación de los expedientes".

Cuatro regiones superan el plazo de 12 meses

El informe también revela que el tiempo medio para tramitar un expediente de dependencia es de 330 días, aunque en cuatro comunidades autónomas se supera el plazo de 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).

Específicamente, señala que, por ley, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días), pero solo dos comunidades (dos menos que en 2023) y Ceuta (57 días) cumplen con este plazo: Castilla y León (126 días) y el País Vasco (128 días). En el otro extremo, las comunidades con un tiempo de tramitación superior a un año son: Andalucía (618 días), que incrementa en 61 días su tiempo de gestión; Canarias (574 días), que reduce en 74 días el tiempo medio de tramitación; Murcia (514 días), cinco días menos que en 2023; y Galicia (339 días), que acorta el proceso en 25 días.

Asimismo, el informe señala que para finales de 2024, 1,6 millones de personas tendrán reconocida su situación de dependencia, mientras que otras 136.954 quedarán pendientes de valoración. "Esto supone que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria", destaca.

En este sentido, la asociación también advierte que durante 2024, 131.083 personas se encontrarán en el ‘Limbo de la Dependencia’. Además, resalta que el número de personas con derecho reconocido a la atención, pero aún esperando recibirla, ha disminuido en 24.549 personas, señalando que, a este ritmo, se necesitarían cinco años para garantizar la atención plena.

En cualquier caso, el informe señala que para diciembre de 2024, 291.649 personas estarán desatendidas, sumando aquellas en el ‘Limbo’ (131.083), las que están pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas que tienen un PIA (Plan Individual de Atención) aprobado pero aún no efectivo (23.612).

Por otra parte, la asociación estima que en 2024 habrá 355.833 empleos directos relacionados con las atenciones de la Ley de Dependencia. A esta cifra se deben añadir los empleos directos en las Administraciones Públicas para la gestión de centros con personal propio, así como los empleos generados en el sector privado mediante plazas o servicios no vinculados.

Un potencial sin desarrollar

La asociación denuncia que, a pesar del progreso que representó la Ley de Dependencia, su "potencial sigue sin desarrollar". Además, señala que los "procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad" han dado lugar a un "sistema low cost" que resulta "poco eficaz" para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Asimismo, critica la "deficiente" financiación y las "desigualdades" territoriales en su implementación. "Por ello, ante de los anuncios de aprobar una nueva Ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años", concluye.

Menos gasto

La asociación destaca que resulta "muy preocupante" la disminución constante del gasto por persona atendida. Mientras que en 2010 esa cifra era de 8.145 euros, para 2024 se ha reducido a 5.982 euros, lo que representa una caída del 26,6%. "Lo cual evidencia que la reducción de la lista de espera (limbo) y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost", lamenta.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace un llamado al Gobierno y a las comunidades autónomas para que "acometer reformas que agilicen los trámites". Según señala, "es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento".

Por último, expresa su "desilusión" por no haber tenido la oportunidad de presentar este informe en el Congreso de los Diputados. Y concluye: "Durante 30 años hemos estado realizando un seguimiento y contribuyendo a la implementación de los Servicios Sociales, y somos constantemente ignorados por los gobernantes que no aceptan la fiscalización de la sociedad civil sobre la incompetencia de su gestión".