Devolución millonaria: casi 50 millones de euros tiene que reembolsar Canarias a las eléctricas

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias anunció este miércoles que el Ejecutivo regional deberáreembolsar las sanciones millonarias impuestas a las compañías eléctricas responsables de apagones totales o parciales en las islas desde 2018, tras dictarse sentencias firmes.

El Gobierno destacó en un comunicado que esta devolución, que asciende a 49,66 millones de euros ya abonados por las empresas sancionadas, se debe a la caducidad de los plazos en la tramitación de los procedimientos correspondientes.

¿A qué se debe esta devolución millonaria?

El consejero, Mariano Hernández Zapata, afirmó que este reembolso es consecuencia de "una nefasta gestión por parte del anterior Gobierno". Señaló que, al iniciar los trámites para solicitar indemnizaciones, no consideraron los plazos limitados para su ejecución, lo que llevará a que todos los canarios paguen las consecuencias.

Zapata recordó que algunas de estas sanciones están relacionadas con los apagones sufridos en 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y La Palma, donde el Gobierno, en su momento, "anunció a bombo y platillo" multas millonarias que ahora deberán ser reembolsadas, incluyendo intereses, lo que eleva el monto a más de 50 millones de euros debido a la deficiente gestión en su tramitación.

Además, destacó que estas devoluciones se llevarán a cabo ahora y no antes porque los tribunales, tras los recursos presentados por las empresas afectadas, resolvieron recientemente estas cuestiones y emitieron sentencias firmes.

Cambio en la ley

Frente a esta situación, destacó que en solo cinco meses de gestión, el Gobierno logró resolver el problema, según dijo, mediante la modificación de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, que regula el sector eléctrico en Canarias. Esta reforma contó con el respaldo unánime del Parlamento canario.

Según explicó, la medida asegura que, en futuros casos, se disponga de una normativa que brinde mayor seguridad jurídica en los procedimientos sancionadores, ampliando los plazos de los 3 meses iniciales a los 18 meses establecidos en la legislación estatal.

Gracias a esta reforma, señaló que "en caso de necesidad, el Gobierno podrá contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico que cometan algún tipo de infracción muy grave y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general, evitando repetir así los errores del pasado".

El consejero también destacó que, aunque el Gobierno trabaja activamente para prevenir nuevos apagones, Canarias sigue enfrentando "una situación de emergencia energética". Esta situación fue declarada por el actual Ejecutivo, pese a las sanciones impuestas y al informe del operador del sistema que, desde 2019, advierte sobre el déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.