La Policía Nacional ha desarticulado en Las Palmas de Gran Canaria una redque inscribió de manera fraudulenta en el padrón municipal a 133 ciudadanos de Mauritania y Marruecos.

Muchos de ellos continúan viviendo en sus países de origen, visitando Canarias únicamente para acceder a los servicios de salud pública. Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la operación, desarrollada a lo largo de dos años, ha resultado en la detención de una persona y la imputación de otra, ambas de nacionalidad marroquí.

La investigación se inició debido a las sospechas del Servicio Municipal del Padrón de Las Palmas de Gran Canaria sobre inscripciones realizadas en ciertos domicilios. La Policía descubrió que estas direcciones se utilizaban para registrar a ciudadanos mauritanos y marroquíes en situación irregular en España. El objetivo era obtener certificados de empadronamiento, necesarios para presentarlos ante otros organismos públicos como parte del proceso de regularización legal en el país y para acceder a la tarjeta sanitaria.

"Gran parte de los beneficiarios de este fraude ni siquiera viven en España, ya que residen en Mauritania y Marruecos. Solo viajaban a Gran Canaria para acudir a consultas médicas y recibir atención de la Seguridad Social española", señala el comunicado de la Jefatura. Además, se indica que los dos sospechosos de liderar esta operación "visitaban con frecuencia distintas oficinas municipales de la capital grancanaria, haciéndose pasar por empleados que ofrecían asistencia en la gestión de documentos" a quienes acudían al ayuntamiento.

Una vez que lograban ganarse la confianza de las víctimas, les pedían diversos documentos, como el DNI, facturas, contratos o escrituras de propiedad. Posteriormente, utilizaban esa información para registrar en esos domicilios a ciudadanos de Marruecos o Mauritania. Según la Policía, estos últimos pagaban "una suma considerable de dinero" por el empadronamiento, ya que este trámite podía facilitar la regularización de su situación legal en España.

Hasta el momento, los investigadores han identificado a 28 personas afectadas por esta red y a 133 beneficiarios de la misma. Sin embargo, la investigación sigue en curso, ya que se están llevando a cabo gestiones con autoridades de otros países.