Sanidad Universal

España disfruta de un sistema sanitario público del que sentirnos orgullosos. Es uno de los grandes logros de la democracia, referencia a nivel mundial por su calidad y por su, recién recuperado, carácter universal.

Mucho se puede decir sobre el sistema sanitario español, sobre su presente y sobre cuáles serían las decisiones urgentes a tomar de cara al futuro. Pero quiero empezar por lo nuclear, por la garantía de la salud como derecho básico de la persona. Es este principio primero, el de universalidad y equidad, el que le da su gran valor al sistema español.

No es una idea recién parida, Ernest Lluch la dejó asentada en la legislación española, pero es en 2018 cuando ha alcanzado mayor amplitud y profundidad en el modelo de atención sanitaria, al basar el reconocimiento de la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria integral en la condición de ciudadanía y desligarla de la de asegurado o beneficiario.

La universalidad se asienta en el reconocimiento del derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución Española, y en mandatos de tratados y organismos internacionales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud. Es garantía de cohesión social y de protección de la salud a nivel individual, y también a nivel colectivo de salud pública. Además seis años de paréntesis han demostrado que bajo criterios economicistas de ahorro tampoco hay justificación para suprimirla. Lo contrario, un modelo de exclusión sanitaria además de injusto es más caro, porque un mejor control de las enfermedades a través de la asistencia normalizada en atención primaria implica un menor gasto sanitario.

La universalidad como derecho irrenunciable es sinónimo de solidaridad y de inteligencia colectiva. Uno de los grandes hitos de este Gobierno. Una firme convicción para una sociedad moderna y democrática construida sobre la ética, la justicia y la dignidad del ser humano.