El "sinhogarismo" del polígono San Jorge

Un nuevo incidente en el mayor asentamiento chabolista de la provincia de Huelva ha vuelto a poner sobre la palestra las condiciones de pobreza e infravivienda que sufren algunos de los emigrantes que trabajan en las campañas agrícolas.

La Policía confirmó que el incendio que se desató ayer a primera hora en el asentamiento del Polígono de San Jorge, en el municipio onubense de Palos de la Frontera, fue intencionado por una mujer, que ya ha sido detenida. El fuego se propagó por cinco hectáreas de terreno y afectó a 200 infraviviendas, el 80% de las que componen este recinto. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales, tan solo una decena de heridos leves que pudieron ser atendidos en el lugar, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

Los incendios en este asentamiento conocido como Baldifresa son continuos. El anterior al de ayer se produjo el 13 de mayo. Pero, lejos de lo que se pueda pensar, la mayoría no son intencionados. Según la ONG Andalucía Acoge «se han dado casos de incendios intencionados, pero la mayoría son consecuencia del mal uso de fuentes de calor, la quema de residuos o enganches de electricidad que prenden los materiales altamente inflamables con que se construyen las chabolas y las basuras que se encuentran allí». Esta ONG presta asistencia en Baldifresa y otros 15 asentamientos de la provincia de Huelva y ha publicado recientemente un informe en el que ofrece una radiografía del chabolismo y sus consecuencias a partir de entrevistas a sus habitantes.

Según los datos recogidos por Andalucía Acoge, el asentamiento del Polígono de San Jorge tiene una ocupación aproximada de 850 personas (600 hombres y 250 mujeres) y el 60% tienen una situación irregular. Al ser el más numeroso es el que más nacionalidades aglutina, un total de 11 (Marruecos, Mali, Senegal, Ghana, Guinea Ecuatorial, Burkina faso, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Gambia). Sus chabolas están construidas con plásticos, cartones, palés, cuerdas y tubos de riego, productos altamente inflamables que facilitan la propagación del fuego. Los continuos incendios que se producen en los asentamientos, advierte la ONG, no solo arrasan con las chabolas, también «suponen la pérdida de enseres y documentación que aumentan aún más las dificultades de personas que ya de por sí viven al límite».

Entre los datos que aporta su informe destaca que el 74% de los encuestados de los 16 asentamientos donde presta asistencia esta ONG afirma tener dificultades para acceder al agua. Con respecto a la electricidad, también existe una dificultad máxima para su acceso, manifestado por un 84,7%, más incluso que en el caso del agua «ya que es un recurso que no puede transportarse y debido a la ubicación de muchos asentamientos no se puede acceder, ni de manera ilegal, a la red eléctrica». Además, alerta, que «en el caso de estar cerca de torres de luz existen enganches ilegales que suponen un altísimo riesgo de accidentes e incendios».

Respecto al acceso de derechos básicos, esta ONG pone de manifiesto que, si bien una enorme mayoría de los que viven en los asentamientos –más del 80%– no tiene problema en conseguir la tarjeta sanitaria, solo la mitad de ellos consigue empadronarse y lo hacen previo pago. El no tener padrón, añaden, dificulta que estas personas puedan salir del chabolismo, al no poder tener acceso al parque de vivienda pública.

No obstante, desde Andalucía Acoge, aclaran que la mayoría de los trabajadores que trabajan en la campaña de la fresa de Huelva, sobre todo los que lo hacen en grandes explotaciones, «tienen cubierta parte de sus necesidades, incluidas la del alojamiento». El problema está, inciden, en que el enorme desarrollo de la producción agrícola de la provincia ha provocado «la aparición de asentamientos en los que se ven obligados a sobrevivir aquellas personas que buscan trabajo en explotaciones más pequeñas». Este perfil de trabajadores o bien se encuentra en situación administrativa irregular o tienen su documentación en regla pero no pueden acceder a un alojamiento porque no tienen unos ingresos suficientes, el empresario no le facilita un alojamiento o no encuentran viviendas para poder alquilar. A ello hay que sumar, que muchos de estas personas ya no viven en estos asentamientos durante épocas, sino que se ven obligados a hacerlo todo el año, fenómeno que entra dentro del llamado «sinhogarismo».