Salud estudia un régimen sancionador específico contra las agresiones a sanitarios

El último balance de la Policía Nacional relativo a las agresiones a sanitarios sacó los colores a la comunidad andaluza. Según su informe relativo a 2022, Sevilla y Málaga fueron las dos provincias españolas con más denuncias por este tipo de agresiones, con 55 de las 214 del total de las interpuestas en todo el territorio nacional.

Para combatir la violencia que sufren los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la consejería de Salud estudia un régimen sancionador específico para este tipo de situaciones. Ayer, la consejera del ramo, Catalina García, anunció que se está trabajando en la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio para hacerlo factible: «Se establecerá un régimen sancionador para los usuarios que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado»., apuntó. En este sentido, García recordó que «otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones». En definitiva, insistió, «esta reforma de los instrumentos jurídicos persigue conseguir que los profesionales de los centros asistenciales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad».

La consejera de Salud hizo este anuncio tras presidir ayer la reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo que elaboró el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SSPA (Servicio Sanitario Público de Andalucía) que lleva en funcionamiento dos años. Otra de las medidas que salió ayer de esta mesa de trabajo fue la creación de un Observatorio de Agresiones constituido por expertos, para «proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando».

Además del Observatorio, el plan contempla nuevas medidas para «seguir avanzando en la prevención y protección de los trabajadores del SAS y combatir así la violencia que sufren». Entre estas medidas, la consejera citó el equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos; realizar una campaña de concienciación dirigida a la población destacando la labor del profesional y recordando que la agresión es un delito recogido en el código penal; informar a la ciudadanía de la existencia del Interlocutor Policial Sanitario; y continuar asegurando la celebración trimestral de las reuniones de las Comisiones Provinciales contra Agresiones a Profesionales Sanitarios. La titular de Salud y Consumo ha explicado que «también continuaremos con la formación en materia de prevención de agresiones dirigida a los trabajadores que se incorporan al SAS», con iniciativas como el curso de control de situaciones conflictivas, y el curso sobre el Plan de Agresiones, una formación práctica presencial específica para minimizar las consecuencias de las agresiones del que se han realizado 5 ediciones en 2022.

El grupo de trabajo del Plan contra agresiones, que entró en vigor el 10 de octubre de 2020, valoró la disminución en dos puntos de la tasa andaluzas de agresiones entre 2022 y 2019, año anterior a la pandemia. Así, en 2022 se produjeron 1.494 agresiones en la comunidad autónoma mientras que en 2019 se registraron 1.507; y la tasa, debido al incremento de profesionales contratados, pasó de 14,3 por mil profesionales en 2019 a 12,3 por mil profesionales en 2022. En este último año, también ha disminuido el porcentaje de las agresiones físicas en un 10,4% con respecto a las registradas en 2019 (259 frente a 289).