Primeros pasos para una ley clave en Andalucía: vivienda protegida y asequible

Hay leyes que marcan la acción de un Gobierno, por su eficacia o por lo contrario. Y hay asuntos en los que todavía la izquierda y la derecha marcan distancias, llevando el debate ideológico a temas como los impuestos, los conciertos, la regulación del mercado de trabajo o la vivienda. En la práctica los hechos demuestran que las diferencias no son tan grandes y que muchas veces dependen de la coyuntura política porque las soluciones que plantean Gobiernos de distinto signo político son similares. La vivienda es un tema recurrente y que, en función de las circunstancias, toma mayor o menor protagonismo en el debate público. Así, en los últimos años, la falta de oferta de inmuebles en alquiler y la escalada de precios como consecuencia de los años de tipos de interés muy bajos y expansión económica ha traído este asunto de nuevo a la actualidad. Las promesas de construcción de pisos de protección oficial se han sucedido en las últimas elecciones y los partidos políticos se han posicionado en este debate.

El Gobierno de España aprobó una ley de vivienda en 2023 que fue recurrida al Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas gobernadas por el PP por, entre otras cuestiones, invadir competencias. Desde el debate ideológico se señalaba además que el texto era «intervencionista» y que acababa con los incentivos de los propietarios para poner sus inmuebles en alquiler. Ahora le ha tocado mover ficha al Gobierno andaluz, que ayer aprobó en Consejo de Gobierno su anteproyecto de Ley de Vivienda.

Las expectativas están altas porque el texto y su posterior desarrollo deben servir para confrontar dos modelos y resolver cuál es más eficaz: el del PSOE y los partidos a la izquierda de los socialistas que apuestan por una intervención directa en el mercado frente al del PP, que pretende incentivar a los agentes que participan en éste. Algo parecido a lo que ocurre en el tema de los impuestos: más carga fiscal para redistribuir mejor desde el Gobierno frente a menos presión fiscal para estimular la economía en general.

El anteproyecto aprobado, que tiene ahora por delante una larga tramitación parlamentaria hasta que entre en vigor –la consejera habló de marzo de 2025, un pronóstico optimista–, asegura que establecerá las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades. Eso es precisamente lo que marcará la utilidad de la iniciativa.

Las expectativas son altas porque Andalucía es la primera comunidad que impulsa una norma propia tras la Ley Estatal de Vivienda. Desde la Junta de Andalucía entienden que, tras un año de vigencia, no ha resuelto los problemas de la vivienda. Además, como se encargó de recordar la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, el Tribunal Constitucional admitió que el texto aprobado por el Gobierno de España invadía competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía.

Con la iniciativa del Ejecutivo autonómico se pretende resolver la dispersión normativa existente (con la derogación de cuatro leyes andaluzas), el encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler, la falta de oferta de vivienda en alquiler, las dificultades de los jóvenes y otros colectivos para su emancipación, el envejecimiento del parque residencial o las carencias de espacios públicos y zonas verdes. E incluso «cumplir con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como recoge la Constitución, en su artículo 47, y el Estatuto de Autonomía, en el 56».

El anteproyecto tiene tres ejes principales. El primero de ellos se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

En segundo lugar, se apostará por el incremento de la oferta de vivienda a través de subvenciones a promotores públicos y privados. También incluye la creación de áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Por último, se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de adecuada.

En tercer lugar, priorizará el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan.

En la pasada legislatura, el Gobierno andaluz aseguró que la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) fue uno de los grandes éxitos de esos años. En esta legislatura, el éxito de la Ley de Vivienda, en la que otros muchos Ejecutivos han fracasado, puede ser indicativo de la gestión de este segundo Gobierno de Juanma Moreno.

Desde la izquierda andaluza, antes incluso de conocer el texto, ya hablaban ayer de intentos de volver a la «especulación». Previsiblemente, sacarán a colación los años de José María Aznar y la liberalización del suelo como lo que desencadenó la burbuja inmobiliaria de 2008. Por ese motivo, que la ley sea útil y acabe con el problema real que existe en el acceso a la vivienda será una prueba de fuego para el actual Gobierno autonómico.