Las personas en lista de espera de para la Dependencia por comunidades

Un total de 40.590 personas estaban pendientes de recibir prestación por dependencia a septiembre de 2023 en Andalucía y 5.304 fallecieron en lista de espera entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, de las que 2.107 tenían el derecho reconocido pendientes de prestación y 3.197 pendientes de resolución de grado. Así lo ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que avisa de que "cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año", en el conjunto del país.

A nivel nacional, un total de 190.695 personas estaban pendientes de recibir prestación por dependencia a septiembre de 2023 en España y 22.311 fallecieron en lista de espera entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, de las que 11.900 tenían el derecho reconocido pendientes de prestación y 10.411 pendientes de resolución de grado.

"La burocracia y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera, hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo", ha alertado la entidad.

En relación con los fallecimientos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho hincapié en que 123 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia en España sin ser atendidas, lo que supone "una cada 12 minutos". Además, ha destacado que el tiempo medio de espera para recibir una prestación o servicio de la dependencia se sitúa en 324 días.

Por comunidades, las regiones con mayor "limbo de la dependencia" son, a septiembre de 2023, Cataluña (26,06%), País Vasco (17,83%) y La Rioja (15,09%), frente a Castilla y León (0,14%), Aragón (0,89%) y Galicia (2,54%), donde hay un menor porcentaje de personas pendientes de recibir prestación.

En este contexto, la asociación ha señalado que, "por el momento, sólo Aragón (-77,12%) y Galicia (-41,82%) están cumpliendo con el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque de 2023". "Comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario y haber disminuido el presupuesto propio, han aumentado la lista de espera en este año: Comunidad Valenciana (64,4%), Cantabria (44,4%) y Madrid (28,2%)", ha subrayado.

Además, Canarias (+14,24%), Baleares (+9,55%) y Galicia (+7,22%) son las comunidades que más han aumentado el número de beneficiarios con prestaciones, mientras que las que más han aumentado el número de persona beneficiarias con derecho a prestación han sido Baleares (+10,09%), C. Valenciana (+9,38%) y Canarias (+8,94%). Cantabria es la única región que no ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias con prestaciones (-0,50%).

Finalmente, la organización ha apuntado, asimismo, que en septiembre de 2023 había un total de 67.514 personas beneficiarias más que en diciembre de 2022, lo que representa un incremento del 5,42% respecto a comienzo de año. "Son necesarias medidas urgentes para evitar el abandono de las personas más vulnerables de nuestro país", ha manifestado.

"El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones", ha reclamado la asociación.

PLAN DE CHOQUE EN DEPENDENCIA

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también impulsó el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, a través de la Mesa de Diálogo Social con las organizaciones empresariales y sindicales, que en 2021 inyectó al sistema 600 millones de euros.

El Plan establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.