El Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz con la que quiere pedir la "dimisión irrevocable" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y defender "una Fiscalía independiente e imparcial".

Son los asuntos en los que se centra esta iniciativa del PP-A, consultada por Europa Press, con la que, en concreto, se plantea que el Parlamento inste al fiscal general del Estado, "ante la sucesión de graves hechos que están aconteciendo y son de dominio público, a que presente su dimisión irrevocable".

En el "supuesto" de que García Ortiz "no presente su dimisión de manera inmediata", el PP-A --con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz-- quiere con esta PNL que la Cámara autonómica inste "al Gobierno de España a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1. d) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, previa deliberación del Consejo de Ministros, acuerde promover el cese de don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado".

De igual modo, el PP-A plantea en su PNL que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de España a que, "de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Constitución sobre el procedimiento para el nombramiento de un fiscal general del Estado, una vez dimitido o cesado este, (...) cumpla esta vez con los requisitos legales exigidos para su elección".

También quiere el PP-A que el Parlamento andaluz muestre "su más firme reconocimiento a la institución del Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial, tal y como recoge la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en especial en el desempeño de sus funciones", así como que la Cámara autonómica rechace "el ejercicio y labor llevada a cabo por el actual fiscal general de Estado".

De igual modo, la iniciativa del PP-A propone que el Parlamento de Andalucía muestre "su más firme rechazo a la falta de compromiso del Gobierno de España en dignificar las instituciones del Estado y, en concreto, con actuaciones como la de promover y mantener en el ejercicio de su cargo al fiscal general del Estado".

Finalmente, el Grupo Popular plantea en su proposición no de ley que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de España a "modificar el Real Decreto 1100/2024, de 29 de octubre, en lo relativo a la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración, ya que implica vaciar de contenido el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que desglosa las conductas delictivas que son competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

UN NOMBRAMIENTO "RODEADO DE POLÉMICA" DESDE EL PRINCIPIO

En la exposición de motivos para justificar esta PNL, firmada por el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, el Grupo Popular subraya que "el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ha estado rodeado de polémica desde su nombramiento", debido "a los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen" de la institución que dirige.

Así, desde el PP-A ponen de relieve en esta iniciativa que una de las "primeras decisiones" de García Ortiz como fiscal general del Estado "fue el nombramiento de Dolores Delgado --su antigua jefa-- como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo" (TS), algo que "anuló" el propio TS, según subraya la iniciativa 'popular', que resalta además que "también fue foco de controversia la postura de García Ortiz respecto a la ley de amnistía" para encausados por el proceso independentista catalán.

Al respecto, el Grupo Popular apunta que "los fiscales de sala del Supremo, profesionales de máximo prestigio en la carrera fiscal, se opusieron a acatar la orden de amnistiar de todos los delitos a los líderes independentistas catalanes" que "había sido dada por el fiscal general que, una vez más, hacía de correa de transmisión de las instrucciones recibidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", critican desde el PP-A.

En esa línea, desde el Grupo Popular sostienen en su PNL que "las acciones del señor Ortiz siempre han sido tendentes a satisfacer, no el interés público y el cumplimento de la ley, sino el interés del Gobierno que lo ha nombrado".

A todo ello --continúa la exposición de motivos de la iniciativa del PP-A-- "se suma un hecho insólito en la historia de la democracia española", y es que "el pasado 16 de octubre el Tribunal Supremo decidía por unanimidad abrir una investigación en el orden jurisdiccional penal" contra Álvaro García Ortiz "por un presunto delito de revelación de secretos", lo que constituye, a juicio del Grupo Popular, "una situación impactante para la sociedad, anómala para el ámbito judicial, e inédita en un régimen democrático".

Finalmente, el PP-A argumenta en la exposición de motivos de su iniciativa que "esta situación a la que se ha llegado en el caso del fiscal general del Estado" es "una más en el empeño del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "de modelar el régimen democrático y el orden constitucional a imagen y semejanza de los intereses partidistas del Gobierno del PSOE y sus socios".