Los recientes tiroteos registrados en el Polígono Sur de Sevilla y en el barrio del Torrejón de Huelva han vuelto a poner en evidencia la compleja problemática social de los barrios más desfavorecidos de Andalucía. Zonas, convertidas en auténticos guetos, que comparten un mismo patrón marcado por el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes, el negocio de la droga –con todas sus consecuencias en la convivencia vecinal– y la marginalidad. Unos barrios en los que se impone el denominado chabolismo vertical, puesto que muchos vecinos no tienen regularizadas sus viviendas y sobreviven gracias a la economía sumergida. Un cóctel letal que provoca enfrentamientos e inseguridad, salpicando a otros barrios de la ciudad y generando un clima hostil contra el que batallan día a día las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno.

Con una superficie de 145 hectáreas, las Tres Mil Viviendas está integrada por seis barrios distintos cuya construcción concluyó en 1977. Iba a ser una de las zonas más prósperas de la capital hispalense, pero la política social se orientó hacia el realojo en esta zona de los núcleos chabolistas más activos entonces: la Corchuela y el Vacie. Se adjudicaron viviendas en régimen de propiedad aplazada y pronto afloraron los problemas: los pisos se fueron desvalijando, careciendo de los suministros más básicos como el agua o la electricidad.

El barrio onubense del Torrejón data de la misma época. Sus pisos fueron financiados por el Instituto Nacional de la Vivienda y también sufrió las consecuencias de un plan de erradicación del chabolismo, llegando a albergar a los habitantes de los núcleos de Marismas del Odiel, Chorrito y Pinar de Balbueno. Las viviendas no tenían escrituras hasta que las administraciones intentaron regularizar la situación en 2005 estableciéndose la división horizontal.

Sin embargo, un hecho relativamente reciente ha complicado más la convivencia en estas zonas ya de por sí deprimidas: las plantaciones ilegales de marihuana. Un negocio que se ha multiplicado gracias a unas condiciones especialmente favorables: el limbo administrativo en el que todavía quedan muchas viviendas y la existencia de mafias a pequeña escala que trafican con esta droga. Este parece ser el origen de los tiroteos en ambos barrios, demostraciones de poder de clanes rivales y ajustes de cuentas que, en el caso del Torrejón, acabaron con la vida de una persona.

En el caso concreto de las Tres Mil Viviendas, la asociación Pro Derechos Humanos alerta de las consecuencias de estos hechos y pide que se aborden «desde la responsabilidad de todos los actores sociales y no desde el sensacionalismo y el morbo».

A juicio del colectivo, la violencia «no es la causa de los problemas de los vecinos del Polígono Sur, sino que es la consecuencia de una situación que se padece desde hace décadas y del fracaso de las políticas públicas que se han realizado». En este sentido, recuerda que la oficina de Correos que estaba ubicada primero en Martínez Montañés y después en el centro comercial Alcampo «ha sido eliminada». A pesar de que ahora se apuesta por una solución basada en el aumento de la seguridad, «es preciso recordar que la comisaría de Policía Nacional ha sido trasladada fuera del barrio». También apunta que el alcalde, José Luis Sanz, «ha anunciado que esta zona conflictiva no tendrá servicio de Tussam o Lipasam», extremo que se une al traslado de la oficina de la vivienda AVRA. «Es importante señalar cómo la inmensa mayoría de los vecinos, que pagan religiosamente sus facturas de luz, sufren constantes y reiterados cortes en el suministro, con todas las consecuencias para sus vidas y su salud». Por ello, el Polígono Sur «sufre problemas relacionados con el desempleo, la precariedad laboral, el fracaso y abandono escolar, la vivienda, el deterioro urbano, la salud y, también, la violencia».