Junta y sindicatos pactan un segundo día de teletrabajo semanal

En el próximo lustro se jubilarán entre 15.000 y 16.000 funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, en torno al 40% de la plantilla actual. Esto significa que hasta 2030 se producirán «incorporaciones masivas». Andalucía es imposible que sea líder con un modelo de administración más parecido al siglo XX que al XXI. Por ello, el Gobierno andaluz plantea una «transformación» que repercuta en un mejor servicio a la ciudadanía. El consejero José Antonio Nieto asegura que es necesario crear un «ecosistema nuevo» y «motivar» a los funcionarios para que puedan desarrollarse profesionalmente y «comprometerse».

El objetivo es «captar el talento» que va saliendo de las universidades y centros de FP como lo hacen las empresas actuales y no como en los «años 80-90». Pero las nuevas incorporaciones no se ajustarán a los mismos perfiles de los funcionarios que se jubilan. La nueva normativa que diseña la Junta exige una planificación del tipo de puestos de trabajo que se requiere en la actualidad para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

El hándicap actual es que un 71,30% del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía es superior a los 50 años -si bien es cierto que es una plantilla envejecida, también supone una gran acumulación de experiencia profesional-. Este porcentaje es 7,3 puntos superior al de la Administración General del Estado. Y a ello se suma que la edad media de acceso a la función pública ha aumentado de 29 años a 36 años en la última década.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer y hoy entra en vigor el Decreto 51/2025 sobre la planificación y ordenación del empleo público y del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que desarrolla una serie de títulos de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía. En esa reforma, «es clave el diálogo social», explicó el consejero José Antonio Nieto, que destacó que solo el SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) ha estado en contra.

Modernización en tres fases

El gran reto es realizar una evolución de habilidades diferente a la actual que permita a la Administración contar con perfiles que se ajusten mejor a la demanda. En concreto, las carencias más evidentes se detectan en los ámbitos de la salud, desarrolladores informáticos y profesionales en nuevas tecnologías. Adaptarse, en definitiva, a un nuevo contexto que permita atraer talento y para ello son necesarios procesos más ágiles y eliminar burocracia.

Entre las novedades del nuevo decreto figuran el concurso abierto y permanente para favorecer la carrera profesional del funcionario, con al menos cuatro procesos de adjudicación al año que conllevan una permanencia mínima de dos años; la implantación de la promoción horizontal y la incorporación de la figura del funcionario en prácticas, que sin renunciar al modelo memorístico, incluya un periodo de prueba de entre 3 y 6 meses. Así, en el acceso a la Administración general se podrá incluir un periodo de prácticas o un curso formativo que si no es superado priva de la condición de funcionario. Obtendrá el acceso a los mismos un número de personas equivalente a las plazas convocadas, incrementado, en un número de plazas adicionales del 20% para cubrir posibles futuras vacantes que obtendrán la condición de funcionarios y no de interinos como hasta ahora.

El segundo paso será la aprobación del decreto de teletrabajo antes de que acabe la legislatura. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya ha pactado con los sindicatos que pase a ser de dos días semanales máximo –pedían que fueran tres–, aunque es preciso recalcar que no todo el mundo podrá teletrabajar (un conductor o un ujier, por ejemplo). Para la Junta es importante separar la idea de teletrabajo y vacaciones y para ello hay que definir bien el concepto para que no sea una esclavitud para el funcionario ni un día de descanso. Además, habrá puestos en los que sólo podrán disfrutar de un día de teletrabajo por sus condiciones particulares. La administración se ha comprometido a un método, a una forma y a una evaluación. Si es positiva para la mejora de los servicios, no hay más límites que el mantenimiento de la presencialidad. Si la evaluación es negativa, se reducirá.

Y hay un tercer decreto fundamental –segundo en importancia– que será el de la evaluación del desempeño, es decir, los nuevos criterios para evaluar la carrera de los funcionarios. Se va a comenzar a negociar ya. De forma paralela se trabaja en un Plan de una Administración Pública Innovadora.

Claves

►Un 71% de la plantilla de la Administración General de la Junta tiene más de 50 años. En el próximo lustro se prevén «incorporaciones masivas» para cubrir las más de 15.000 bajas por jubilación.

►Las próximas convocatorias de A1 incluirán la especialidad de régimen jurídico, junto al administrador general y el financiero.

►Se implantará, además, el funcionario en prácticas para ratificar la adecuación del perfil a la plaza.

►El nuevo decreto refuerza el concurso específico en puestos de estructura, que permitirá reducir el número de libres designaciones. Quien se presente debe tener una experiencia de 3 años y comprometerse a una permanencia de otros 3.