La Junta de Andalucía, el Grupo Popular en el Parlamento autonómico y la Universidad de Granada reclaman al Gobierno de España que asuma la financiación de los campus universitarios de Ceuta y Melilla. Se trata de una vieja reivindicación de la institución granadina, que lleva más de 12 años reclamando la infrafinanciación del gobierno central con los campus que mantiene en las dos ciudades autónomas, que sí cuentan con el apoyo de los Gobiernos de las dos ciudades españolas asentadas en el norte de África pese a que no tienen competencias en este ámbito.

El último en sumarse a esta reivindicación ha sido el Grupo Popular en el Parlamento, lo que va a permitir que se debata y se conozca la postura el resto de grupos políticos. En una PNL registrada en la Cámara andaluza, los populares recuerdan que los campus universitarios de Ceuta y Melilla, gestionados por la Universidad de Granada (UGR), «constituyen una pieza esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades autónomas, así como un elemento clave para garantizar el acceso a la educación superior en estas ciudades autónomas».

Nadie discute la importancia de ambos campus, que sí se enfrentan a un problema de financiación ya que la aportación del Estado para el sostenimiento de estas infraestructuras educativas «resulta claramente insuficiente para cubrir los costes reales de su funcionamiento».

Los datos aportados señalan que en el ejercicio 2023, el coste estimado para el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada a impartir en los centros universitarios de Ceuta y Melilla era de 21,6 millones de euros; en el ejercicio 2024, el coste total de ambos campus ha sido estimado en 24,3 millones de euros, mientras que la aportación estatal consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tanto para 2023 como para 2024, asciende únicamente a 9,08 millones, una cifra congelada a pesar del incremento de los costes de funcionamiento.

Esta infrafinanciación obliga a la Junta de Andalucía y a la Universidad de Granada a cubrir el déficit con recursos propios, generando una desviación de fondos que afecta al conjunto del sistema universitario público andaluz y limita la capacidad de inversión en actividades académicas, de investigación y transferencia de conocimiento. Lo hace, además, cuando el PSOE ha apoyado la reivindicación de los rectores andaluces que exigen más recursos para atender las necesidades organizativas de las universidades públicas andaluzas. De hecho, en la Ponencia Marco que los socialistas debaten este fin de semana en su Congreso Regional hay un apartado que aboga por «rescatar a las universidades públicas andaluzas». El PSOE se compromete en ese documento «a garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas, cumpliendo íntegramente con el modelo de financiación pactado, atendiendo de manera individualizada las necesidades operativas de cada una y de reemplazo generacional futuro, garantizando su crecimiento y desarrollo estratégico».

En abril de 2024 se mantuvo en Granada un encuentro que reunió a las cinco administraciones implicadas: la UGR, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Andalucía y los gobiernos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El objetivo era abordar de manera conjunta el desarrollo futuro de ambos campus y los problemas relacionados con su financiación. De momento, nada se ha avanzado y el ministerio esgrime la falta de Presupuestos Generales del Estado para actualizar las cantidades.