La Junta de Andalucía, en contra de indultos «y menos por corrupción»

«No soy partidario de indultos y menos a condenados por corrupción». En esos términos se refirió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la solicitud de la Audiencia de Sevilla a la Administración andaluza para que se posicione sobre la petición del ex presidente andaluz José Antonio Griñán y de otros condenados en el «caso ERE» de quedar exonerados de los cargos. Moreno aclaró que sí se mostró a favor de la no entrada en prisión de Griñán debido al cáncer que padece pero se muestra en contra del indulto. El consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto, ahondó más en los argumentos: ni han mostrado «arrepentimiento» los condenados ni se ha recuperado el dinero malversado con los Expedientes de Regulación de Empleo que fueron destinados a la compra de favores y a usos diferentes de los preceptivos para ayudas sociolaborales. «Hay debilidades en la petición» del indulto, recalcó José Antonio Nieto. En una reciente entrevista en LA RAZÓN, el consejero señaló que cree «que en la mente del PSOE ha estado siempre el indulto a Griñán y seguramente no sólo a Griñán» aunque la amnistía a los condenados por el Procés ha dejado la causa en segundo plano.

Precisamente ayer, la Audiencia de Sevilla hizo pública la condena a cuatro años y nueve meses de cárcel al exchófer del exdirector general de Trabajo de la Junta en una pieza separada de los ERE. La Audiencia considera a Juan Francisco Trujillo «culpable de delitos de prevaricación, malversación y falsedad por destinar fondos de subvenciones al pago de necesidades particulares» como la cocaína, que según admitió en el juicio, compraba con fondos públicos. Sólo en la pieza del conocido como «chófer de la coca», la Audiencia señala que el perjuicio total ocasionado por la adjudicación de las tres pólizas juzgadas se cifra en 1.350.000 euros, y en 125.028,01 euros el ocasionado por el pago de la póliza suscrita a nombre de la madre del principal condenado, importes que «fueron desembolsados de forma no debida por la Junta de Andalucía». La última sentencia del Tribunal de Cuentas conocida sobre los ERE, del finales de 2023, señalaba que, hasta la fecha, se han recuperado 6,8 millones de otras sentencias condenatorias firmes sobre procedimientos por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad concedidas por la Junta entre el 2001 y el 2010.

Así las cuentas, la respuesta de la Junta sobre los indultos es tajante: «Lo único que cabe manifestar por esta administración, considerando su exclusiva condición de perjudicada, respecto a la petición de indulto solicitada, es que a la fecha actual aún no ha sido resarcida por quienes han sido condenados», se señala en el escrito a la Audiencia, en el que se recuerda que se están llevando «a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado, utilizándose todas las vías jurídicas posibles». La Junta dice en el escrito que los perjuicios y menoscabo causados a la hacienda pública andaluza y a todos los andaluces» ascienden a «la cantidad de 679.412.179 euros».