Doñana tras el fuego: ocho millones invertidos y un juicio pendiente

Fue a las 21:15 horas del 24 de junio de 2017 cuando el cielo de Doñana se iluminó. Como una hoguera de San Juan descontrolada, las llamas se abrían paso por el paraje de las Peñuelas, en Moguer (Huelva). La particular zona cero de un desastre medioambiental que se saldó con casi 10.000 hectáreas calcinadas de un incalculable valor ecológico en pleno Parque Nacional. Siete años después, la naturaleza intenta abrirse paso gracias a una inversión de casi 8 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y, en el plano judicial, el caso sigue su curso con tres investigados bajo la lupa, dos trabajadores y un directivo de la carbonería que contaba con varios hornos sin licencia y activos a pesar del fuerte viento que soplaba entonces.

El fuego obligó al desalojo de unas 2.500 personas, muchas de ellas alojadas en el hotel Solvasa, el parador de Mazagón y el camping Doñana, además de otros vecinos de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de los asentamientos de las Madres y las Posadillas, personal del INTA y el centro de cría en cautividad del Acebuche, donde falleció un lince. La infraestructura más dañada fue el camping, que reabrió sus puertas un año después.

El incendio se dio por extinguido el 4 de julio de 2017 gracias a la actuación de los 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia. Dos meses después, la BIFF apuntó en su informe como causa del desastre una «negligencia por descuido» de la carbonería ubicada en las Peñuelas. El juez aseveró en un reciente auto que el incendio «provocó un grave daño ecológico que tardará años en recuperarse».

Precisamente, la restauración medioambiental es el proceso más costoso y duradero. La Junta llevó a cabo en la zona afectada obras de urgencia y desarrolla tres proyectos de restauración que finalizarán este 2024. La mayor parte de los terrenos afectados son de titularidad pública, con un grado de afectación «alto y muy alto», lo que implica efectos «con dilatados plazos para su recuperación». En este sentido, se ejecutan una gran variedad de trabajos como la eliminación de árboles quemados, control de plagas, actuaciones destinadas a frenar los procesos de erosión hídrica mediante la creación de albarradas en piedra o con restos de madera en pequeños torrentes y fajinas en las laderas, repoblación forestal mediante la siembra y plantación de especies arbóreas y arbustivas, entre otras labores.

Pese a esta ingente inversión, los ecologistas advierten del peligro latente en la zona. La organización conservacionista WWF alertó de que actualmente «muchos montes de Doñana son bombas de relojería forestales listas para arder». En declaraciones a EFE, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, apuntó que ese incendio «es uno de los más importantes registrados en Andalucía en las últimas décadas y, seguramente, por el valor de lo quemado, uno de los que mayores consecuencias socioambientales ha tenido, no solamente en Huelva, sino en España en ese período».

Carmona recordó que la provincia de Huelva, y especialmente los municipios de la comarca de Doñana, «son los que ocupan los primeros puestos en cuanto a número de incendios y conatos, e incluso de hectáreas quemadas».