Los crímenes prescriben antes que las heridas. En los últimos tiempos se ha pasado de hablar de un intento de golpe de Estado –el Procés– a conceder una amnistía y de condenar el «caso más grave de corrupción de la democracia» –«caso ERE»– al desmontaje judicial de la causa. «El crédito jamás delinque», siempre ha sostenido el ex presidente José Antonio Griñán, autor también de otra máxima en torno al caso: «Hubo un gran fraude pero no hubo un gran plan», algo que la Justicia tumbó con resoluciones de 20 jueces y la salvedad de dos votos particulares... hasta ahora. El Constitucional estudiará los recursos de Griñán y Chaves el 16 de julio. El día 2 se estudia el de los condenados en prisión. El camino abierto tras aceptarse el recurso de la ex consejera andaluza Magdalena Álvarez es el del «lifting» judicial.

Las sentencias han reconocido hasta ahora un total de 62 millones recogidos en sentencias judiciales y otros 134 pendientes en las piezas judiciales activadas. «El caso ERE es y seguirá siendo el caso de corrupción más grande de España. Todo lo demás es desinformación», subraya Juanma Moreno. El Constitucional quedó dividido en dos. Los cuatro magistrados que se han opuesto a anular la condena de Magdalena Álvarez señalaron que la decisión de la mayoría progresista de la corte de garantías causa un daño institucional difícilmente reparable: «Esto equivale a consagrar un ámbito de impunidad que sí nos parece contrario a la Constitución». Se trata de la primera vez que se cuestiona el delito de prevaricación en el «caso ERE». Las dudas siempre giraron en torno a la malversación. Ni el voto particular del Supremo puso en duda la existencia de la prevaricación en la concesión de ayudas sociolaborales mediante un sistema «ad hoc» al margen del procedimiento administrativo legalmente establecido. En contra de lo que señaló Griñán a la salida del Supremo, la Justicia hasta ahora ha entendido que los ERE no sólo fueron «un gran fraude» sino también «un gran plan». Puede que no existiera el «club de los ERE», en definición del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, pero el Supremo, en contra de los que dijo el ex presidente andaluz, también corroboró que en tanto se creo un sistema para eludir los controles sí hubo también «un gran plan». «El IFA era una caja pagadora a la que Viera y Fernández –como consejeros de Empleo– le succionaron el alma», se dijo en el juicio. Griñán pudo parar el fraude «en cualquier momento» y «sin necesidad de informes», se relató en la Audiencia. Hubo más de una decena de avisos del interventor.

Juan Carlos Alférez, uno de los principales abogados defensores de los ERE, señala que «la tesis principal que hemos mantenido las defensas desde el inicio del caso en el 2011 ha sido finalmente acogida por el orden constitucional, decretando que el orden penal se extralimitó al sancionar conductas que la ley penal no contempla y con ello se quebró el 25.1 C.E.». «La tesis siempre fue simple, el modo de gestión de programa presupuestario, gustara más o gustara menos, tenía cobertura por norma con rango de ley, estas transferencias de financiación se crearon por ley con una finalidad determinada y ello fue así porque el legislador lo quiso», añadió. «Por ello, los actos pre-legislativos que condujeron a la creación de la ley que a su vez dotó a un programan presupuestario de una finalidad y un modo de gestión determinado, nunca pueden ser sancionados por el orden penal porque dichos actos, finalmente se convirtieron en ley», explica el abogado socio de Constitución 23, Estudio de Litigación. «La respuesta del orden constitucional es la visión que los abogados defensores siempre imprimimos a nuestra defensa de modo transversal, la imposibilidad de la ilegalidad de la propia ley», señala el letrado.

Las sentencias hasta ahora sostenían otra tesis. Los ERE en Andalucía se convirtieron en «el verdadero negocio», con 680 millones sin control bajo un «fondo de reptiles» que acabaron en prejubilados, intrusos y favores. Como la gota malaya, fue la corrupción constante que rebosa el vaso. Durante más de una década, en el seno de la Junta se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social». Se trató de una corrupción que impregnó tanto al que daba –comprando voluntades de paso– como al que recibía –«las criaturitas», en definición del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero– siendo los mayores beneficiarios económicos los intermediarios. El «conseguidor» Lanzas, según las diferentes instancias judiciales, se llevaba una mordida del 5% por cada ERE en que intervenía y pudo cobrar más de 13 millones. Bajo un colchón, se hallaron más de 80.000 euros, en billetes de 100 y 500. La Sala II del Supremo, con dos votos a favor y tres en contra, falló que los hechos ya juzgados en la Audiencia eran constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ratificó las penas con la única rebaja al ex director de Trabajo Juan Márquez. El caso pasó por tres instancias judiciales –instrucción, juicio oral y el recurso de casación en el Supremo– y las tres coincidieron, como dijo Griñán, en que «hubo un gran fraude». Y corroboraron lo que negaba el ex presidente: también «hubo un gran plan» que, aunque por parte de los responsables políticos, en su mayoría, no consistió en meter la mano en la caja, sí sirvió para distraer fondos públicos de su fin original. Todo comenzó un 23 de febrero de 1999 en una empresa de chorizos en crisis, Cárnicas Molina, y con elecciones a la vista. Parte del dinero de los parados fue a parar a intrusos entre los que llegaron a estar el chófer o la suegra del alto cargo que «asaba la manteca», Guerrero, quien perduró una década en el cargo. Casi todo en los ERE estaba fuera de medida y si no había documentación se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. Se barruntaba en los corrillos políticos desde la amnistía: «Si Puigdemont se ha presentado a unas elecciones, cómo se va a permitir la mácula de Chaves y Griñán». Los ERE, de nuevo, como el relato de la teoría inicial de «los cuatro golfos» y base para una próxima campaña electoral.

Una partida que condicionó elecciones

La instrucción de los ERE pudo influir en los resultados electorales de forma explícita pero, de manera implícita, el desarrollo de la trama influyó durante décadas. Chaves tiró del «fondo de reptiles» a un mes de los comicios de 2004. Aunque en el juicio desgranó que como presidente no conocía los detalles, el caso de los ex trabajadores de la extinta empresa de detergentes Bilore de Lucena (Córdoba) sirvió de ejemplo de cómo la partida 35L fue usada para apaciguar la conflictividad laboral. El ex presidente Griñán aseguró en su declaración que se enteró de las ayudas al estallar el escándalo, pero admitió que los pagos eran «en algunos casos censurables». «La Intervención siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales», dijo. El ex presidente apuntó de lleno a la Consejería de Empleo, hablando de «una mala ejecución del gasto».