Segundo apoyo unánime del Parlamento para que Cádiz sea Zona de Especial Singularidad

El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad en mayo de 2023 una proposición no de ley presentada por el PP en la que se reclamaba que, con carácter urgente y prioritario, el Gobierno central declarara el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad para dotar de más medios humanos y materiales a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Ayer, el Grupo Popular presentó en la Cámara una iniciativa similar que fue aprobada de nuevo con el apoyo de todos los grupos políticos.

Diez meses han transcurrido entre una PNL y otra, pero en ese intervalo de tiempo, concretamente el 9 de febrero, fueron asesinados los agentes de la Guardia Civil, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Horas antes de la tragedia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía que el Campo Gibraltar ya era «casi de facto» una Zona de Especial Singularidad.

La realidad es que desde que se aprobara en 2018 el Plan integral para dinamizar el Campo de Gibraltar los avances en la zona han sido escasos y ahora la reclamación de atención preferente se extiende más allá. El texto aprobado así lo ratifica, tal y como se señala en la exposición de motivos del mismo.

«La provincia de Cádiz se ha convertido en un territorio que, a pesar de tener un gran potencial económico y social, está sufriendo, de manera dramática, las consecuencias del narcotráfico», comienza.

«Los 14 kilómetros que separan España de Marruecos han convertido a Cádiz en la puerta de entrada que usan las mafias para traficar con el tabaco y la droga que introducen en Europa a través de las costas españolas, pero también para traficar con personas que buscan en nuestro territorio una oportunidad de vida», continúa.

«La sociedad gaditana en su conjunto, y especialmente la de los municipios del Campo de Gibraltar, por esa mayor cercanía geográfica, vienen reclamando desde hace años el compromiso de todas las administraciones para que, trabajando de manera coordinada, planteen y ejecuten en la provincia un plan integral. Un plan que, a través de un paquete de medidas sectoriales (sociales, educativas, sanitarias, de justicia, de empleo, de seguridad, de infraestructuras...) genere nuevas y mejores alternativas de futuro para sus vecinos y frene a la delincuencia organizada», abunda.

Así, con el apoyo de todos los grupos políticos, «el Parlamento de Andalucía reitera la necesidad de que, con carácter urgente e inaplazable, el Gobierno de España lleve a efecto la declaración de la Provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad (Zes), dotando de incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y, con ello, realizar una actualización y aumento del catálogo de puestos de trabajo, contemplando un aumento de efectivos en esa zona de forma estructural y permanente, y no en forma de atribución temporal de funciones, e incluir a los agentes de Aduanas del Campo de Gibraltar, puesto que en esta zona son equiparables en riesgo y trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como dotar y mejorar los medios materiales y tecnológicos a su alcance, apostando por soluciones más avanzadas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado».

Por último, «muestra su parecer favorable de la creación de una mesa interadministrativa en la que Gobierno central, Junta, Diputación de Cádiz y ayuntamientos pongan en marcha un Plan Integral para el Campo de Gibraltar, dado que considera que el narcotráfico es un problema global que hay que abordar desde todos los puntos de vista (empleo, social, económico, inversiones) para poder superarlo».

La última palabra la tiene ahora el Gobierno de España.

Antonio Saldaña: «Cádiz es una provincia segura, con recursos, con mucha historia y con mucho futuro»

El Grupo Socialista presentó su propia iniciativa para implantar medidas sociales y económicas específicas para la provincia de Cádiz, en la que difuminaba la responsabilidad entre el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía. Entre otras cuestiones, reclamaba un Plan Integral de Dinamización Social y Económica, con la colaboración de todas las consejerías con competencia en materia de educación, vivienda e inclusión social para la provincia de Cádiz. Por parte del Grupo Popular, que apoyó parcialmente esta iniciativa, el diputado Antonio Saldaña defendió la «singularidad» de Cádiz y reclamó que no se destaquen solo los aspectos negativos porque es «una provincia segura, con recursos, con mucha historia y mucho futuro».