La atención a menores inmigrantes en Andalucía, colapsada: los servicios, al 115%

El Gobierno de España quiere tener «en una semana» las conclusiones sobre el reparto entre comunidades autónomas de los alrededor de 4.400 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta y tendrá que desvelar una incertidumbre: cómo será la participación en ese reparto de Cataluña y País Vasco.

Desde el Gobierno andaluz existe el temor de que esas dos comunidades autónomas queden exentas y no asuman a más menores inmigrantes bajo el argumento de que sus servicios sociales ya están al límite de su capacidad. Precisamente, en esa misma circunstancia se encuentra Andalucía ya que el sistema de protección de menores está a más del 115% de su capacidad.

Según una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía relativa a la adopción de medidas urgentes para la atención a menores migrantes no acompañados y al reconocimiento de Andalucía como receptora de flujos migratorios, «la presión por el número de situaciones de desamparo de menores migrantes no acompañados, a las que tienen que hacer frente las comunidades, ha supuesto la puesta en peligro de todo el sistema de protección, que se ve distorsionado y sus recursos tensionados por la afluencia masiva».

El Grupo Popular se hace eco de las quejas trasladadas por el Ejecutivo autonómico y advierte que «la protección de estos menores y adolescentes migrantes no puede ser un asunto exclusivo de Andalucía únicamente por su condición geográfica». Igualmente, apunta que «el fenómeno migratorio presenta un desigual impacto territorial y debe tenerse en cuenta la singularidad de nuestra comunidad como frontera sur de Europa, y donde la recepción de personas inmigrantes y, en particular, de menores no acompañados resulta de mayor intensidad, encontrándose en una situación similar a la de Canarias, Ceuta y Melilla, siendo necesario recibir una dotación de recursos acordes a dicha condición para que esa atención se realice con dignidad y garantías y respetando los derechos humanos».

Ahí radica una de las principales reivindicaciones andaluzas, desoídas por el Gobierno de España: la singularidad de la comunidad en esta materia es similar a las comunidades autónomas de más presión migratoria como Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por tanto, en el mejor de los casos, deberá tener similar consideración a la hora de un nuevo reparto que la que reclaman Cataluña y el País Vasco.

La PNL da por hecho que se va a dar un trato de favor a estas dos regiones y el reparto de los menores se hará entre el resto de las regiones. Así, apunta a que «estamos ante un nuevo gesto partidista e insolidario del Gobierno de España, que impondría un reparto asimétrico de los menores y una gestión fronteriza no consensuada con todos los territorios, que redundaría, una vez más, en la consideración de comunidades autónomas de primera y de segunda categoría, en función de su necesidad de votos». Por último, el texto también recuerda que además de la saturación de los servicios a menores migrantes, también está «en riesgo de colapsar el sistema de atención a extutelados, que en estos momentos ya está al 80%». Todo apunta a que el reparto de 4.400 menores la semana que viene será otro motivo de enfrentamiento entre Andalucía y el Gobierno de España.