Arranca el juicio en Almería contra dos hombres y dos mujeres acusados de "sextorsión"

La Audiencia de Almería acoge este viernes la vista oral contra dos hombres y dos mujeres que se enfrentan a penas de hasta 12 años y 9 meses de prisión por practicar presuntamente la "sextorsión" a usuarios de páginas de contactos sexuales.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, señala que al menos entre julio y octubre de 2022 los acusados C.J.B.F., C.M.F.R., A.V.M. y D.S.G., se dedicaron a pedir dinero a otras personas a las que intimidaban con revelar secretos personales o causarles daños físicos.

El fiscal sostiene que el procesado C.J.B.F. puso anuncios en páginas de contactos sexuales en Internet, gracias a los cuales seleccionaba a posibles víctimas, mientras que su madre C.M.F.r. colaboraba "mostrándose en dichas páginas" de "forma sexual" a algunos clientes, para conseguir grabaciones con las que extorsionarlos.

La acusada A.V.M. ponía su cuenta bancaria a disposición del primer procesado para ingresar el dinero de las víctimas, mientras que el acusado D.S.G. era el presunto responsable de efectuar las llamadas intimidatorias a los perjudicados y aumentar así el "miedo" de estos.

Eel Ministerio Público añade que C.J.B.F. se habría dedicado también a la venta de drogas en su domicilio de Madrid, en el que la Policía intervino el 16 de noviembre de 2022 distintas cantidades de hachís valoradas en 2.430,15 euros.

Por estos presuntos hechos, el fiscal reclama tres de los acusados una pena de dos años y tres meses por un delito de pertenencia a grupo criminal y ocho años más por cuatro delitos de extorsión.

Asimismo, para C.J.B.F. solicita dos años y nueve meses por el primer delito, diez años por los cuatro delitos de extorsión, y un año y medio de cárcel con multa de 3.000 euros por un delito contra la salud pública.

No obstante, el fiscal pide que se sustituya las penas de prisión de C.J.B.F. y D.S.G., de origen dominicano y boliviano respectivamente, por la expulsión del territorio nacional con prohibición de regresar a España durante 10 años.

Por último, pide el pago de indemnizaciones por un total de 2.000 euros a tres de las cuatro víctimas que recoge su escrito de acusación, ya que una de ellas no llegó a pagar a los procesados