Más de 300 niñas en Andalucía “están en riesgo de sufrir mutilación genital”, según Save the Children

Con motivo del 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, Save the Children ha alertado este viernes de que, de las 1.700 niñas menores de 14 años residentes en Andalucía que proceden de países donde se practica la Mutilación Genital Femenina (MGF), “más de 300 están en riesgo de sufrirla” --3.652 niñas en España--, según los últimos datos de 2020 del Ministerio de Igualdad. Por provincias, Almería es la que cuenta con más niñas en riesgo de sufrir esta práctica (123), seguida de Málaga (66) y Sevilla (30).

Según ha expuesto en un comunicado, Save the Children ha estudiado la prevalencia de prácticas nocivas en España, entre las que se encuentra la mutilación genital femenina. El análisis se ha basado en el estudio de la información ya existente y en entrevistar a profesionales de distintos sectores: administración pública, ONG, sanitario, policial, mediación cultural y género. El responsable de Incidencia Política de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera, ha celebrado que el riesgo de mutilación de una niña que ya haya nacido en España “se haya reducido notablemente debido a la activación de mecanismos de detección en los servicios sanitarios y en el ámbito educativo”.

Sin embargo, ha lamentado que las niñas nacidas en los países que practican la mutilación genital femenina y llegan a España “corren más riesgo de sufrirla”. “Tanto a nivel nacional como andaluz, los esfuerzos están más centrados en la prevención, detección y protección de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital y en la atención a aquellas que llegaron a España ya mutiladas”, ha destacado la nota de prensa. Una de las claves está en la detección temprana en las consultas pediátricas, ya que las niñas y adolescentes hasta los 14 años acuden regularmente a las citas. Además, “es importante establecer un vínculo de confianza con las familias para tratar el tema sin criminalizar, pero con el objetivo de prevenirlo”.

Save the Children ha considerado “clave” que los protocolos sean conocidos y participativos en la elaboración y que no solo cuenten con la participación del ámbito sanitario. A nivel nacional, existe un protocolo de actuación contra esta práctica que fue aprobado en 2015. Además, cada comunidad autónoma activa su propio protocolo cuando se identifica un posible caso de mutilación genital femenina. En el caso de Andalucía, se trata del Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, en el que se incluye un apartado específico --pero muy breve-- sobre mutilación genital femenina. Además, la comunidad cuenta con un manual para profesionales para el abordaje de esta práctica.

Cabrera ha asegurado que, a pesar de que en España, la mutilación genital femenina es un problema con una incidencia baja y prevalencia desconocida, “la realidad es que afecta a miles de niñas y adolescentes. Aunque sigue siendo un tema tabú, no solo en las instituciones públicas sino en el propio ámbito familiar, la mutilación genital femenina es un asunto que cuenta con una trayectoria de años de investigación e intervención, así como de debate público a nivel internacional”.

Las mediadoras culturales entrevistadas en este análisis han asegurado que la existencia de protocolos, la prohibición de la práctica en algunos países en los que no estaba penada --como Nigeria y Senegal-- y el hecho de que en España la mutilación sea constitutiva de delito, “ha facilitado en cierta forma el tratamiento de la mutilación con las familias y las madres”.

Uno de los principales obstáculos para atajar el problema de la mutilación genital femenina en España es la falta de datos, porque los números son estimaciones, pero también la manera en la que se utilizan y analizan. “Actualmente, los registros administrativos no se emplean de forma eficaz; la recopilación de los datos no se hace de forma sistemática; existe una falta de desglose en los registros; apenas se realiza una centralización de los datos; y los profesionales que codifican y evalúan la mutilación genital femenina no cuentan con toda la formación”, ha apuntado Cabrera.

Como en cualquier tipo de violencia, “necesitamos un diagnóstico válido y una recopilación de datos tal y como prevé la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia”, aprobada la pasada primavera. Además, la recopilación de información y de datos estadísticos “nos aproximarán aún más a la realidad para adaptar las políticas, incluyendo el seguimiento y evaluación de los protocolos según se vaya viendo la evolución de esta violencia en nuestro país”, ha continuado Cabrera.

La crisis sanitaria y social por la pandemia “ha acentuado la inseguridad y desprotección que viven muchas personas vulnerables y, por tanto, muchas y muchos menores”. La obligatoriedad de permanecer en los hogares durante los primeros meses de la pandemia “aumentó la exposición de menores y adolescentes a situaciones de riesgo que ya se daban en el ámbito familiar”.

Sin tener datos oficiales, “si se cree que, debido a la delicada y estresante situación” en los centros hospitalarios, “ha habido más dificultad para controlar casos de mujeres ya mutiladas que han tenido hijas durante este tiempo, sobre todo, durante los primeros meses de 2020″, ha señalado Cabera.

Para Save the Children, la mutilación genital femenina “es una práctica más dentro del paraguas de la violencia de género”. “Es un acto de violencia contra niñas y mujeres sin ningún tipo de beneficio en la salud, sino todo lo contrario, con graves consecuencias a nivel físico, mental, sexual y de salud reproductiva y que, incluso, puede provocar la muerte”. “Se han realizado avances, pero debemos seguir trabajando y no olvidar todos los tipos de violencia. Es fundamental que en el marco de intervención participen los distintos agentes implicados, como el educativo, sanitario y servicios sociales, incluir la perspectiva intercultural y de género --una visión constructiva, de respeto y comprensión mutua--, la incorporación de mediadores culturales, y un trabajo previo con las familias para la sensibilización y formación entre todos los profesionales”, ha aclarado Cabrera.

La propia Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia recoge herramientas para actuar frente a esta y en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia se especifica que aterrice a nivel autonómico y local. En ese sentido, en Andalucía, tras la aprobación el año pasado de la Ley de Infancia y Adolescencia andaluza, se debe desarrollar la Estrategia Autonómica de Erradicación de la Violencia contra la Infancia que contemple medidas orientadas a la sensibilización, prevención, detección y atención de todos los tipos de violencia contra la infancia, entre la que se encuentra la mutilación genital femenina.