La Junta acusa directamente al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Hacienda como brazo armado de tratar de dinamitar la legislatura en la comunidad andaluza. El más contundente en este sentido viene siendo el vicepresidente andaluz, Juan Marín. El líder de Cs en Andalucía alerta directamente de que si hay recortes por parte del Ejecutivo central, no habrá cuentas para 2022. Las estrecheces en el objetivo de déficit y la reducción de las entregas a cuenta con el pretexto de que llegarán más fondos europeos son algunos de los argumentos esgrimidos para complicar la cuadratura de los números por parte del departamento que dirige el consejero Juan Bravo. Marín viene recordando, además, que la UE ha activado la cláusula de salvaguarda para que en 2022 no haya reglas fiscales mientras Montero, que fue consejera de Hacienda precisamente en Andalucía, aprieta el cinturón en este sentido. Marín criticó la «incertidumbre» que está generando el Gobierno central con las reglas de gasto y déficit, o la financiación del curso escolar, y advirtió de que no aprobarán unos presupuestos para 2022 donde haya que hacer recortes, recogió Efe.

El vicepresidente andaluz denunció que el Gobierno no ha aclarado cómo se financiará el curso escolar a partir de enero del año que viene y que quiera hacer «trampa» situando los 537 millones del IVA de 2019 que debe a la comunidad como entregas a cuenta o que se fije el objetivo de déficit a las comunidades en el 0,6% del PIB cuando el Ejecutivo central tendrá más del 5%. «Ya me dirán si con esta incertidumbre se pueden elaborar unas cuentas públicas que sean una garantía de que se pueden cubrir todos los servicios a los andaluces», manifestó Marín, alertando de que todas estas trabas «pueden marcar la tramitación y aprobación o no de unos presupuestos para 2022».

Marín se mostró en contra de aprobar unas cuentas «donde haya que hacer recortes a los andaluces», ya que Cs no daría su voto. El vicepresidente andaluz criticó «las trampas» del Gobierno y de la ministra Montero y aludió a las elecciones de 2022, por ejemplo con el IVA de 2019, recordando que hay sentencias judiciales para que se devuelva lo que se «robó» a la comunidad. «Eso no son entregas a cuenta», por lo que sería una «trampa» transferirlo así a la comunidad, señaló. Marín también criticó que no se haya «dejado claro» qué recursos van a recibir las comunidades para afrontar el refuerzo de profesorado y otros servicios durante el curso escolar y no sólo hasta el 31 de diciembre. «Esperamos que esta información llegue lo antes posible, porque de eso depende también la elaboración de los presupuestos», argumentó. Con todo, el curso escolar –señaló Marín– arrancará la semana que viene «con normalidad» de forma presencial como el año pasado, con una inversión de más de 250 millones y 5.000 docentes.

Marín también defendió el trabajo que ha hecho el Gobierno andaluz sobre la reestructuración del sector público instrumental con la publicación de las 54 auditorías, considerando que no hacerlas sería una «patada adelante» y que con ellas arranca la reestructuración de las agencias. En relación con la oficina contra la corrupción, Marín indicó que se han llevado a cabo los primeros contactos con los portavoces parlamentarios para consensuar el nombre de la persona que la dirigirá, que debe decidirse antes del 1 de octubre.